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martes, febrero 03, 2026

El negocio de nuestra democracia

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Si algo caracteriza a Delcy Rodríguez y a su hermano, es una notable capacidad de mimetización. Saben leer el entorno, ajustar el discurso, cambiar el disfraz para sobrevivir.


Por Walter Molina

Delcy Rodríguez no es una Adolfo Suárez ni, mucho menos, una Frederik de Klerk. No lo es en términos históricos, políticos ni morales. Y la insistencia en forzar esa analogía, además de incorrecta, es peligrosa, porque confunde adaptación con convicción y supervivencia con liderazgo transformador.

Si algo caracteriza a Delcy Rodríguez y a su hermano, es una notable capacidad de mimetización. Saben leer el entorno, ajustar el discurso, cambiar el disfraz para sobrevivir. El chavismo residual ha quedado reducido exactamente a eso: a administrar un poder que no le pertenece, intentando durar “un día más” mientras el edificio que construyeron se derrumba desde adentro. Y es que el chavismo ya no existe como movimiento político, y ni siquiera como “idea”. Perdió la hegemonía social, la legitimidad electoral y la capacidad de ofrecer un horizonte simbólico. Lo que subsiste es una estructura de control, sostenida por coerción, corrupción y miedo.

Los Rodríguez son lo que siempre fueron: delincuentes, corruptos, represores, aliados de tiranías y de organizaciones criminales transnacionales. Comunistas de verdad y, sobre todo, unos sujetos que odian profundamente a los venezolanos. Acomplejados. Vengativos, como ella misma ha admitido. No hay en su trayectoria ni un solo indicio de conversión democrática, ni de arrepentimiento político, ni de comprensión del daño causado.

Por eso, nada de lo que han hecho en este último mes responde a una vocación democrática, ni a un impulso personal de “tender puentes” entre la tiranía que representan y una democracia futura. Lo hacen porque no les queda alternativa. Porque Estados Unidos les marcó la cancha, los tiempos, las etapas y la agenda. Porque el 28 de julio de 2024 los dejó políticamente sacudidos y el 3 de enero de 2026 los terminó de quebrar.

Lo hacen porque la única forma de permanecer —aunque sea transitoriamente— fue entregar a Nicolás Maduro (ah, es que son traidores, también) y aceptar el papel que les fue asignado: desmantelar, bajo tutela externa, el sistema criminal que ellos mismos ayudaron a construir.

Pero no confiamos en ellos. No confiamos los venezolanos, que conocemos demasiado bien su historial de incumplimientos, traiciones y simulaciones. Y tampoco confía el mundo económico. Las empresas internacionales, los inversores serios y los actores financieros no se mueven por discursos coyunturales ni por promesas hechas bajo presión. Esperan algo mucho más concreto: Estado de Derecho efectivo, reglas claras, instituciones legítimas, no administradores transitorios del caos.

Por eso la transición hacia la libertad no es algo que “ocurra” por inercia. Es una tarea que debemos asumir activamente, sabiendo que enfrentamos a bárbaros que solo entienden la lógica del costo y del castigo, no la del compromiso democrático. De allí también la cautela, perfectamente racional, de quienes ven en Venezuela una enorme oportunidad económica, pero no invertirán mientras la legalidad no sea una constante.

Las transiciones exitosas se consolidan cuando la democracia deja de ser una concesión y pasa a ser el marco estructural. Y eso exige legitimidad electoral real, división de poderes, justicia independiente y liderazgo democrático reconocido. Todos sabemos, dentro y fuera del país, quién encarna hoy esa legitimidad.

El mejor negocio para casi todos es la democracia. Para que los ciudadanos venezolanos recuperen sus derechos, libertades y dignidad, pero también para quienes buscan estabilidad, previsibilidad y crecimiento. Cada día que pasa, eso queda más claro, de Caracas a Washington.

El chavismo residual puede administrar una retirada. Puede ser funcional, por un tiempo corto, a un proceso tutelado. Pero no puede fundar nada nuevo. La democracia, en cambio, sí. Y es ahí donde está la verdadera disputa histórica que se está jugando.

Walter Molina es politólogo y analista venezolano

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miércoles, enero 28, 2026

Marco Rubio y la arquitectura de la transición venezolana

Crucial intervención de Marco Rubio frente al Senado de Estados Unidos sobre Venezuela | Jonathan Ernst (REUTERS)


El esquema es nítido: trabajar con lo que queda del chavismo en el poder formal (Delcy y Jorge Rodríguez, fundamentalmente), pero no bajo ninguna lógica de alianza ni de co-gobierno. Se trata de cooperación bajo tutela. Una relación vertical, no horizontal.


Por Walter Molina @WalterVMG

A estas alturas, no parece exagerado afirmar que no existe, dentro de la administración estadounidense (y probablemente en buena parte del sistema político internacional), un dirigente con mayor claridad conceptual, histórica y estratégica sobre lo que ocurre en Venezuela que el secretario de Estado Marco Rubio. No se trata solo de conocimiento técnico o de acumulación de información: Rubio entiende la naturaleza del chavismo. Entiende su lógica de poder, su condición criminal, su entramado internacional y, sobre todo, el tipo de respuestas que una tiranía como la chavista exige para ser efectivamente desmontada.

Rubio sabe lo que es la barbarie chavista. Sabe cuál ha sido el tamaño de su destrucción institucional, económica y moral. Sabe de sus alianzas con autocracias extrahemisféricas, con redes de narcotráfico y con organizaciones terroristas. Y sabe, también, que ponerle fin no es el resultado de un gesto único ni de una solución mágica, sino de una secuencia de acciones, de etapas claramente diferenciadas y de un tiempo prudencial que combine presión, control y conducción política. Pero sabe algo aún más importante: que no hay salida posible que no implique el fin definitivo de la tiranía.

Ese punto, central e innegociable, ya fue decidido por los venezolanos. En las urnas, cuando derrotaron a Nicolás Maduro en julio de 2024. Pero también, y quizá con mayor profundidad, en la vida cotidiana, en las conversaciones familiares, en el exilio forzado, en el miedo acumulado y en el rechazo masivo a un régimen que convirtió al país en una plataforma criminal. Rubio parte de ese dato: el chavismo no gobierna por consenso ni por hegemonía ideológica, sino por coerción, miedo y corrupción.

No es casual, entonces, que en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado haya sido tan explícito al describir al régimen: un Estado capturado por un narcotraficante acusado, convertido en base de operaciones de Irán, socio estratégico de Rusia, proveedor de petróleo barato para China y articulador regional de grupos como las FARC y el ELN. No en un rincón remoto del mundo, sino en pleno hemisferio occidental. Lo que presentó, en esencia, fue una hoja de ruta. Todavía incompleta (han pasado apenas 25 días desde la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores), pero suficientemente clara como para entender la arquitectura general del proceso en marcha.

El esquema es nítido: trabajar con lo que queda del chavismo en el poder formal (Delcy y Jorge Rodríguez, fundamentalmente), pero no bajo ninguna lógica de alianza ni de co-gobierno. Se trata de cooperación bajo tutela. Una relación vertical, no horizontal. No hay negociación entre pares, sino exigencias concretas que deben cumplirse. Desde la política energética y el desmontaje del marco socialista heredado de Chávez, hasta la liberación total de los presos políticos, que el propio Rubio estima en alrededor de dos mil personas.

Aquí hay un punto clave: el chavismo residual es obligado a administrarse a sí mismo en su propia demolición. Debe desmantelar su entramado criminal, romper con sus alianzas internacionales tóxicas, colaborar en la neutralización de grupos narcoterroristas —propios y extranjeros— y, al mismo tiempo, desmontar el aparato de terror interno que sostuvo al régimen durante años. Todo ello bajo supervisión externa y con evaluación permanente basada en hechos, no en discursos.

La llamada fase de “estabilización” no es solo humanitaria. Es también, y sobre todo, una fase de seguridad. Por eso Rubio insiste en la necesidad de presencia estadounidense en el terreno: reapertura de la embajada, despliegue diplomático y cooperación directa con agencias de inteligencia y seguridad. No como ocupación, sino como garantía de control del proceso. Nada de esto es improvisado. Nada de esto es simbólico.

En paralelo, se establece un mecanismo financiero transitorio que busca evitar la repetición del saqueo sistemático de la renta petrolera. Los ingresos no quedan a discreción de la cleptocracia chavista, sino que pasan por cuentas controladas, primero en Qatar y luego en el Departamento del Tesoro estadounidense. El uso de esos fondos está estrictamente condicionado a gastos previamente aprobados: salud, insumos, equipos, atención básica. Es un esquema de corto plazo que apunta a cubrir urgencias sin financiar corrupción.

No se trata de un “Plan Marshall” para Venezuela. No hace falta. El dinero existe. Los recursos están ahí. El problema histórico no fue la falta de riqueza, sino su administración criminal. Esta vez, el control es externo, la rendición de cuentas es obligatoria y la discrecionalidad quedó atrás.

Todo este proceso tiene un horizonte claro: la transición democrática. No hay, todavía, una fecha cerrada. Y es lógico que no la haya. Las transición, para que sea realmente democrática, requieren condiciones mínimas: liberación total de presos políticos, apertura del espacio público, garantías para la oposición, seguridad jurídica y presencia institucional efectiva. Rubio fue claro: hoy no hay condiciones para elecciones. Pero el objetivo final es ese.

Y aquí aparece otro elemento central de su lectura: el liderazgo. Rubio sabe, porque lo ha visto durante años, que existe una líder indiscutible del proceso democrático venezolano: María Corina Machado. No solo la conoce; la ha respaldado de manera explícita, al punto de haberla postulado al Premio Nobel de la Paz, que ganó. Sabe que representa algo más profundo que una candidatura: representa una ruptura ética, una coherencia política y una conexión real con la sociedad.

Sabe, también, que la oposición venezolana es diversa. Que incluye a antiguos chavistas desencantados, a demócratas de larga data y a una diáspora que debe ser parte del proceso. De ahí su insistencia en una reconciliación nacional auténtica, no impuesta, donde todos los sectores estén representados. Pero también sabe distinguir lo accesorio de lo indispensable: Delcy puede ser funcional por un tiempo corto; María Corina es estructural.

Hay, además, un mensaje que Rubio repite y que conviene subrayar: la reconstrucción de Venezuela es, en última instancia, tarea de los venezolanos. Estados Unidos ayuda (y ayuda porque le conviene geopolíticamente), pero no reemplaza a la sociedad venezolana ni a su liderazgo democrático.

Mientras escribía este texto, María Corina Machado está reunida con Marco Rubio. Probablemente hablando del plan de reconstrucción, pero también —y quizás sobre todo— del regreso al país, del acompañamiento a los familiares de los presos políticos y del rol que le toca jugar al frente del mayor movimiento social de liberación que haya conocido Venezuela. Ella es la garantía. Lo saben. Por eso la protegen, aunque para algunos propagandistas se trata de otra cosa (ya saben, esos que antes decían que todo era “humo”).

Porque a esta altura ya es evidente para todos los actores relevantes: Rubio lo sabe, Trump lo sabe, y el mundo lo empieza a asumir. El chavismo residual puede ser útil durante una transición controlada. Pero la Venezuela libre, próspera y democrática que viene solo es imaginable con María Corina Machado al frente.

Walter Molina es politólogo y analista venezolano

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