Revista Fuego Cotidiano

Por Julio Londoño Paredes

Como estaba previsto, se celebró con el apoyo de veinte países la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, para estudiar el informe que el Secretario General de la Organización, el uruguayo Luis Almagro, había presentado el 14 Marzo en el que había sugerido que a Venezuela se le aplicara la Carta Democrática, que incluye en última instancia su suspensión como miembro de la Organización, si el gobierno venezolano no tomara las medidas para la liberación de los presos políticos, el reconocimiento de la validez de las decisiones de la asamblea nacional y estableciera un calendario electoral que incluyera elecciones.

Catorce países, incluyendo a Colombia, formularon hace pocos días una declaración en la que tácitamente apoyaron la iniciativa de Almagro de aplicar la Carta Democrática, pero advirtiendo que “la suspensión de un país miembro” de la OEA era “el último recurso” y que antes tendrían que “agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable”.

Es decir, desde un primer momento, todos fueron especialmente cautelosos en no comprometerse en llevar las cosas hasta el extremo de apoyar la exclusión del gobierno de Venezuela de la Organización.

Como también era previsible, no se llegó a ninguna votación y los países se limitaron a expresar exhortaciones a Organización para que apoyara acciones para propiciar el funcionamiento de un estado de derecho en Venezuela , lo que en la práctica no quiere decir mayor cosa.

Sin embargo, aunque no se apoyó la aplicación de la Carta Democrática, Venezuela no salió bien librada, no sólo porque veinte países impidieron el bloqueo que Venezuela trató de hacer en un principio a la agenda del reunión, sino porque luego el representante venezolano la emprendió contra Brasil y especialmente contra Colombia, aduciendo que el gobierno colombiano, en lugar de intervenir en la crisis venezolana debía ocuparse, entre otras, de la erradicación de los cultivos de coca, que han proliferado notablemente en los últimos años, así como de la represión del contrabando.

El representante venezolano, luego de ser interrumpido por Brasil y México, comenzó a atacar a cada uno de los países que habían liderado la convocatoria de la reunión. Eso generó en una sucesiva solicitud de puntos de orden, incluyendo una réplica de Colombia, que a la larga abortaron la reunión. Curiosamente el representante venezolano censuró al secretario de estado, al congreso de los Estados Unidos y al senador norteamericano Marco Rubio, pero no mencionó a Trump, que seguramente seguía el debate, sino que acusó a Obama.

En síntesis, aunque no se apoyó la aplicación de la Carta Democrática como lo había solicitado Almagro, el gobierno venezolano quedó en “evidencia” ante el continente, despotricando además contra la OEA. Eso seguramente lo había previsto el Secretario General, que es un avezado diplomático y que de todas maneras logró poner el tema en la agenda de la Organización.

¿Será que la intervención del representante venezolano y las posteriores declaraciones de la canciller de ese país contra Colombia en una rueda de prensa, unidas a la ocupación militar de la margen colombiana del río Arauca, rompe la “luna de miel” que existía entre Colombia y Venezuela?

Fuente: Revista Semana de Colombia

---

(*) Profesor de la facultad de gobierno, ciencia política y relaciones internacionales de la universidad del Rosario

Por LUIS ALMAGRO
WASHINGTON — Los países de América Latina y el Caribe han estado plagados de dictaduras a lo largo de su historia. Para evitar el regreso de los regímenes autocráticos, en el año 2001, los 34 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron la Carta Democrática Interamericana, mediante la cual acordaron que la democracia es un derecho de los ciudadanos que los gobiernos deben garantizar.

Sin embargo, Venezuela, un país suramericano de más de 30 millones de habitantes, actualmente enfrenta ese viejo y familiar dilema.

Es por eso que el 14 de marzo, hice un llamado para tener elecciones justas y libres, como una manera de evitar la suspensión de Venezuela en la OEA, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana. Además, exhorto a los miembros de la OEA a que se unan a esta causa.

El gobierno venezolano suspendió el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro el pasado mes de octubre y también las elecciones de 2016 de gobernadores estatales, con lo cual revocó los derechos electorales de sus ciudadanos, y violó las leyes establecidas en su constitución.

La oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en 2015, pero la Corte Suprema de Justicia, controlada por el poder ejecutivo, despojó al parlamento de sus poderes. En los últimos tres años, miles de venezolanos han sido detenidos por sus ideas, más de 100 personas (entre ellas, Leopoldo López un destacado líder de la oposición) siguen encarceladas en condiciones desgarradoras, y las fuerzas de seguridad estatales se reservan el derecho de detener y torturar arbitrariamente y a voluntad.


El gobierno del presidente Maduro es un régimen autoritario, ineficiente y corrupto. Hay una grave escasez de alimentos, los enfermos no tienen acceso a las medicinas, la inflación anual es de 700 por ciento y el país tiene una de las tasas más altas de homicidios en el mundo. Mientras la población de Venezuela soporta esta carga, se estima que los fondos públicos perdidos a causa de la corrupción de la clase dominante ascienden a 300 mil millones de dólares, y los altos funcionarios de gobierno están cada vez más coludidos con el narcotráfico.

No podemos seguir mirando hacia otro lado. Los países miembros de la OEA deben reivindicar su compromiso con la democracia.

Hago un llamado al gobierno de Maduro para que celebre elecciones presidenciales transparentes y equitativas con el fin de evitar la suspensión de Venezuela de la OEA. Todos los presos políticos deben ser puestos en libertad, deben garantizarse los derechos y libertades fundamentales, y deben establecerse canales de ayuda humanitaria que funcionen. Restablecer los derechos básicos del pueblo es crucial para permitir que Venezuela permanezca dentro del grupo de países democráticos del hemisferio.

La Carta Democrática Interamericana establece dos medidas que podemos utilizar como recurso de acción: los artículos 20 y 21. El artículo 20 establece que, si se produce una alteración del orden constitucional que socave gravemente la democracia en un país miembro, pueden llevarse a cabo iniciativas diplomáticas, entre ellas los esfuerzos de mediación.

Desde el año 2014 hasta la fecha, la Unión de Naciones Suramericanas, la OEA, el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Vaticano y el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros, se han esforzado por establecer un diálogo constructivo con el gobierno venezolano, pero no han tenido éxito. Esto se debe, en parte, a que el objetivo del gobierno ha sido crear la ilusión de un diálogo sin comprometerse verdaderamente con hacerlo efectivo.

Esas iniciativas han fracasado. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto tiempo más el pueblo de Venezuela debe seguir sufriendo la opresión y la privación?

Si Venezuela no retoma un camino democrático dentro de un mes, debe ser suspendido de la OEA. Los 33 países de la región deben mostrar unidad y defender una democracia bajo asedio. La secretaría general y los países miembros se han reunido esta semana para coordinar acciones destinadas a ese objetivo.

De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, cuando se suspende la adhesión de un país —el último caso fue Honduras en 2009— este pierde “su derecho a participar en la OEA”. La exclusión de un país de las naciones democráticas de América envía un claro mensaje político, económico y comercial a la comunidad internacional y a los principales actores económicos en un momento crítico: regimen non gratum.

Si el gobierno de Maduro quiere evitar las consecuencias potencialmente desastrosas de una suspensión, debe hacer un verdadero compromiso con la democracia y tomar medidas claras para restablecerla.

Creo, como lo hace cualquiera que tiene fe en la democracia del hemisferio, que exigir esto es nuestra obligación moral.

Pero seamos claros: no estamos en contra del diálogo. Estamos en contra del fracaso del diálogo.

La suspensión es el último recurso que se encuentra en nuestro marco regulatorio para presionar al actual gobierno de Venezuela, que se enfrenta al aislamiento y a la pérdida de legitimidad, para que realice elecciones presidenciales que devuelvan la democracia, la libertad y la prosperidad al país.

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos.

En la OEA no se está discutiendo si se expulsa o no al gobierno de Venezuela de esa entidad. Lo que se está haciendo es un juicio histórico, un balance del proyecto de poder chavista en el país. Y el balance es negativo.

Por Pedro Benítez @PedroBenitezF.-

Lo más certero, lo más veraz, lo que en forma más sucinta, pasando por encima de toda controversia, apuntando directamente al fondo de la cuestión, se puede aseverar sobre los 18 años del poder absoluto del régimen chavista sobre Venezuela, es que ha sido un monumental fracaso.

A los ojos del mundo (y por supuesto de la mayoría de los venezolanos) no hay hecho o argumento que pueda rebatir la afirmación anterior. Ante tamaña realidad no hay maniobra de prestidigitación verbal que pueda usar el más experimentado de los diplomáticos. Ni Metternich, Kissinger o Roy Chaderton. Ni, por supuesto, Delcy Rodríguez.

El objetivo del actual Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no es que expulsen al gobierno venezolano de ese cuerpo, sino poner el tema venezolano en el tapete internacional, develar el monumental descalabro político, económico, social y humano del proyecto de poder instaurado en el principal exportador de petróleo del Continente desde 1999.

La carta de Almagro está teniendo en los gobiernos, y en la opinión pública de los países del hemisferio, el efecto que la carta del ex ministro Jorge Giordani debería haber tenido dentro de las fronteras de la República Bolivariana. Un escandaloso recuento pormenorizado de todos los fracasos del régimen chavista y lo que es peor, una necia determinación a no rectificar, que si a ver vamos, es el pecado mayor de Nicolás Maduro y su grupo.

Esto constituye, por lo tanto, la humillación internacional que Luis Almagro les propina a los herederos de Hugo Chávez y que estos no pueden tolerar, en particular por ser ese un campo donde tantos recursos invirtieron.


Durante casi dos décadas el régimen chavista ha dispuesto en Venezuela de todo el poder para tomar absolutamente todas las decisiones institucionales y legales, sin ningún tipo de cortapisas, y además ha contado con más recursos económicos (provenientes de la renta petrolera) del que dispusieron todos los gobiernos que le precedieron en los cuarenta años previos.

El boom de precios del petróleo que le tocó en suerte fue el más extendido en el tiempo, de 2003 a 2014. El de Carlos Andrés Pérez fue sólo de dos años (1974 y 1975) igual que el sucesor Luis Herrera Campins (1979 y 1980).

Todo el poder, todo el dinero ha sido para el chavismo.

Entre el Debe y el Haber, comparado con los otros regímenes políticos del pasado venezolano, el saldo chavista es de lejos el peor. Porque con todas sus luces y sombras todos los proyectos de poder que ha tenido Venezuela siempre dejaron algo que los justificara para la posteridad.

Páez creó la República. Los Monagas (los peores) la abolición definitiva de la esclavitud. Guzmán Blanco los ferrocarriles que pudo, los edificios históricos del centro de la capital, algún rasgo de modernidad y el decreto de instrucción pública. Castro y Gómez centralizaron y pacificaron el país que tiranizaron, argumento al que hasta hace no mucho recurrían sus apologistas.

Y de 1936 en adelante, cada uno de los gobiernos venezolanos, civiles o militares, democráticos o dictatoriales, construyeron prácticamente todas las escuelas, universidades públicas, hospitales, dispensarios, carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, puentes, viaductos, presas y represas que hoy tiene el país. Alfabetizaron, electrificaron, becaron, promovieron la inmigración, poblaron el territorio, dieron oportunidades. Y de paso, dejaron instituciones.

El último proyecto de poder histórico (ese al que Chávez y Maduro le han negado sistemáticamente todo mérito), el que encabezó Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática, instauró la Democracia venezolana, el voto popular, la alternabilidad en el ejercicio del poder público (hoy tan añorada) y el período más largo de libertades públicas, paz y estabilidad (1958-1998) que ha tenido este país desde que rompimos con el imperio español en 1811.

¿Pero el chavismo qué le ha legado a Venezuela?
Su misión debería haber consistido en corregir las fallas heredadas de las administraciones que le precedieron y continuar sus logros. Pero el remedio fue peor que le enfermedad. En vez de refundar la República, que fue lo que Chávez llegó a ofrecer, se implantó un Estado fallido.

Lo que tenemos hoy como balance es un insólito retroceso en materia social, sanitaria e incluso nutricional. En la próxima década toda una generación está condenada (con toda probabilidad) a tener una talla inferior al promedio alcanzado por los venezolanos debido a la marca que la desnutrición infantil está dejando por los “años del hambre bajo Maduro”.
Todos los indicadores de mortalidad se han disparado simple y dramáticamente por falta de medicinas e insumos médicos. Eso no está ocurriendo en ningún país de la Latinoamérica, ni siquiera en Haití.
En cuatro años Venezuela ha perdido una cuarta parte de su PIB. La renta per cápita es igual a la de 1955. En 1998 el 33% de todas las exportaciones venezolanas eran cosas distintas al petróleo. Hoy es menos del 3%.

El chavismo destruyó 200 años de exportación de café venezolano.

Incluso, en algo tan elemental como el monopolio de la violencia en manos del Estado y el ejercicio de su poder en todo el territorio, el legado del general Gómez (que robó lo que pudo, pero al menos eso dejó) hoy en Venezuela está en crisis.

Comparado con otros proyectos históricos latinoamericanos, como el PRI en México o el peronismo en Argentina, el chavismo da pena. El año pasado el presidente ecuatoriano Rafael Correa que se preguntaba qué era Venezuela antes de Chávez. Muy sencilla la respuesta: Un lugar a donde emigraban sus compatriotas.

El continente americano es testigo de todo esto.

Fuente: KonZapata.com