El desconocimiento por parte de Maduro de las atribuciones de la Asamblea Nacional venezolana, por medio del TSJ, comenzó tras la elección parlamentaria de 2015. ¿Lo nuevo? Que desafía a la comunidad interamericanal y hace muy difícil mantener cohesionado el bloque de poder que lo sostiene. Para muestra un botón: las declaraciones de la fiscal general.

Por Pedro Benítez
En Venezuela se tiende a pensar que todas las estrategias de poder del régimen chavista siempre son milimétricamente pensadas. “Puntadas sin dedal” es la expresión que se suele usar para ilustrar sus procedimientos. ¿Pero realmente es así?

Bajo el largo predominio del presidente Hugo Chávez en Venezuela se instauró una autocracia, se manipuló el Estado de Derecho y se destruyeron los cimientos del Estado republicano, pero todo eso se hizo sobre una sucesión de victorias electorales. Cuando desde la oposición venezolana se acusaba al anterior mandatario de dictador, sus apologistas respondían: “Pero ganó unas elecciones”.

La popularidad presidencial era la excusa para acabar con la democracia.

En el maremágnum de acontecimientos venezolanos se solía pasar por alto que las más significativas, y contadas, victorias electorales opositoras (que las hubo) fueron desconocidas en la práctica por el oficialismo haciendo uso, por lo general, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha controlado férreamente todos estos años. Los casos más notables: la propuesta de reforma constitucional presentada por Chávez en 2007, que sometida a consulta popular perdió, y sin embargo sus fundamentos fueron hechos ley posteriormente; y los dos triunfos opositores en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en la persona de Antonio Ledezma, cuyas atribuciones fueron anuladas, y luego de su reelección el alcalde fue privado de libertad.

Sin embargo, pese a su retórica incendiaria y sus cuestionables procedimientos democráticos, el chavismo siempre se las arregló para mantener las “formas” de la democracia liberal, burguesa en su lenguaje, de cara a la galería internacional. No requería sacar los tanques a la calle para cerrar el Parlamento, como hizo en su momento Alberto Fujimori en abril de 1992 en Perú. No le hacía falta, controlaba todas las instituciones del Estado.

La pregunta: ¿Por qué Maduro precipita el conflicto?

Esta táctica se acabó la madrugada del jueves pasado, cuando una sentencia del TSJ anuló explícitamente todas las atribuciones del Poder Legislativo venezolano y le entregó el poder absoluto a Nicolás Maduro.

Los opositores venezolanos ya no necesitan explicarle a la comunidad democrática internacional que en Venezuela se ha instalado un régimen de facto, al margen del Estado de Derecho, es decir, una dictadura. Basta con exhibir esa decisión del máximo tribunal del país. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Un conflicto pospuesto

Pero en la práctica, nada de esto es nuevo. En los hechos Maduro y el TSJ vienen desconociendo a la Asamblea Nacional con mayoría opositora desde incluso antes de su instalación el 5 de enero de 2016.

Luego del espectacular, y para muchos inesperado vuelco electoral de diciembre de 2015 que le otorgó a la alianza opositora dos tercios de las bancas del Parlamento venezolano, la todavía mayoría chavista aprovechó los días 22 y 23 de diciembre de 2015, para “blindarse” con magistrados designados de manera exprés. Allí comenzó la operación política dirigida a anular a la nueva Asamblea y hacer con ella exactamente lo mismo que años antes se hiciera con la Alcaldía Metropolitana de Caracas, transformándola en un jarrón chino.


De modo que la actual crisis política venezolana pudo haber ocurrido a principios del año pasado, pero los dirigentes de la oposición prefirieron posponer el conflicto.

A este relato hay que agregarle la erosión en el apoyo internacional al gobierno de Maduro desde la represión a las manifestaciones estudiantiles de 2014, a lo que se han añadido los cambios políticos ocurridos en Argentina y Brasil, así como el inesperado activismo del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Todo esto ocurre justo cuando el gobierno venezolano necesita con urgencia financiamiento externo, pues su apuesta por un salvador incremento de los precios internacionales del petróleo no se ha dado. Y aquí es donde está la piedra de tranca del proyecto de poder absoluto de Nicolás Maduro: Los gobiernos y entidades extranjeras, empezando por la República Popular China, se niegan a darle préstamos a su gobierno si éstos no son aprobados… por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

La misma Asamblea a la que el TSJ controlado por partidarios de Maduro ha declarado en desacato. El Parlamento venezolano por su parte, está negado a facilitarle las cosas al gobierno hasta tanto se levante el bloqueo político y judicial en su contra.

Nicolás Maduro, que aspira a la reelección presidencial en diciembre de 2018, ha estado todo este tiempo dedicado a ganar tiempo, suspendiendo los procesos electorales pendientes, esperando que la subida de los precios del barril de petróleo alivie la economía venezolana y que sus programas de abastecimiento de alimentos le ayuden a mejorar en las encuestas.

No obstante, esta decisión del TSJ que luce como un desafío a los 20 gobiernos que en la OEA están presionando a Maduro para que ceda en sus posiciones, conspira contra esa estrategia. La reacción internacional a la decisión del máximo tribunal venezolano no se ha hecho esperar: uno tras otro gobierno la han criticado y cuestionado.

El chavismo siempre se las arregló para mantener las “formas” de la democracia liberal
La pregunta: ¿Por qué Maduro precipita el conflicto ahora?

Que expulsen al gobierno venezolano de la OEA (o que se vaya por sus propios pasos) para reeditar la experiencia cubana de 1962 tiene un precio: agravar el aislamiento internacional en un momento de mucha vulnerabilidad económica para Venezuela. Cuando Cuba fue expulsada de la OEA tenía quien la recibiera, el bloque soviético enviándole petróleo subsidiado y comprándole su azúcar. ¿Dónde está la Unión Soviética de Nicolás Maduro?

Sin un oxígeno financiero externo a Maduro se le va a hacer muy difícil mantener cohesionado el bloque de poder que lo sostiene. Para muestra un botón: las declaraciones de la fiscal general de la República.

@PedroBenitezF

Para el momento en que se escriben estas líneas, la Asamblea Nacional sigue sin recuperar sus poderes, la OEA no ha puesto en marcha la aplicación de la Carta Democrática, pero somos testigos de algo insólito, de un autogolpe de Estado que Maduro da con la finalidad de no perder su poder. Así de irracional el gobierno que tanto se empeña en defender. Para eso alcanza el chavismo.

Por Yuriria Sierra
Iba a comenzar haciendo referencia a las últimas horas en Venezuela, pero para entender el contexto, debemos recordar todo lo que ha sucedido en los últimos días, semanas, meses y años. En este espacio hemos hablado de todo ello. “El país está en caos, y el que se vive en las calles es el ejemplo más literal, pero, no es el único. Empresas de varios sectores han detenido su producción, no hay insumos ni dinero para importarlos. Además de que la ideología de Chávez, que sigue al pie de la letra Maduro, limita las decisiones que estas industrias podrían tomar. Y no sólo es el desabasto, sino también las consecuencias —o causas— de esto: devaluación, pobreza, inflación y devaluación...”, esto lo escribí en 2014, hace poco más de tres años. Nada ha cambiado desde entonces, o más bien los cambios han sido para empeorar la situación de los ciudadanos. Aunque, debemos reconocerlo, también con el tiempo la opinión sobre el régimen de Maduro se ha endurecido, y los países de la región han comenzado a tomar acciones en defensa de un pueblo que hoy está en medio de evidente golpe de Estado orquestado desde el mismo gobierno.

“A Maduro no le importa lo que pasa en las calles, al menos no si no son aplausos. No ha mostrado interés por las condiciones en que viven los venezolanos. Sólo está listo para el conflicto y así defender su indefendible gobierno. La única reacción que ha tenido frente al llamado de la OEA y la declaratoria de crisis humanitaria ha sido llamar “traidorcillo, inepto, basura de ser humano” a Luis Almagro. Afirma que defenderán en “todos los planos, políticos y diplomáticos”, a Venezuela, porque él y su gobierno tienen la razón...”, esto dijimos hace apenas unas semanas, cuando comenzó el que sería un episodio definitivo para lo que hoy estamos viviendo, cuando Maduro se fue directo hacia la yugular la de OEA y su presidente, que lo instó a llamar a elecciones.

Mientras miles de ciudadanos salen a las calles no sólo a protestar, sino a buscar comida, medicamentos o cualquier artículo de primera necesidad que, sabemos, se encuentran agotados porque no hay ni insumos ni combustibles para transportar los que se alcanzan a producir, Maduro da mensajes a la nación, baila, canta. O, al menos, eso es lo que habíamos visto hasta ayer.

Y es que teniendo un legislativo en su mayoría opositora, que comenzó a hacer presión gracias al llamado de la OEA, Maduro se encargó que arrebatarle sus competencias. Es decir, el líder venezolano quitó los poderes a su Poder Legislativo para que no tomen ninguna decisión que le parezca inconveniente. Así es como entiende la democracia, porque no se nos ocurra llamarlo un dictador.

“Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Ésta es una sentencia histórica...”, dijo Maduro mientras en la OEA la presión para poner en marcha la Carta Democrática se analizaba con cada país de la organización, incluido México, de quien Maduro se expresó con dureza hace apenas unos días, considerándonos “la punta de lanza de la agresión y el intervencionismo contra Venezuela...”. Ser considerado un opositor al régimen venezolano, debe ser visto más bien como un halago.

Para el momento en que se escriben estas líneas, la Asamblea Nacional sigue sin recuperar sus poderes, la OEA no ha puesto en marcha la aplicación de la Carta Democrática, pero somos testigos de algo insólito, de un autogolpe de Estado que Maduro da con la finalidad de no perder su poder. Así de irracional el gobierno que tanto se empeña en defender. Para eso alcanza el chavismo.

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*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx. Yuriria Sierra es conductora de Cadena Tres Noticias y de Imagen Informativa (México), así como columnista habitual de Excélsior.

Por Carlos Malamud
El fin del superciclo de las materias primas no solo provocó consecuencias económicas negativas sino también otros efectos no deseados en la vida política latinoamericana. Cuando en Europa, Estados Unidos y otras partes del globo se ven florecer populismos, de todo tipo, en América Latina parece llegado el momento del reflujo y un cierto agotamiento del modelo. Esto no significa que el populismo vernáculo vaya a desaparecer, tal milagro es difícil que ocurra, sino que las sociedades regionales están próximas al punto de saturación con unos experimentos que han aportado más costos que beneficios a los sectores populares.

Basta recordar la época dorada del “relato”, cuando gracias a él emergieron “revoluciones” de todo tipo, comenzando por la bolivariana, pero sin olvidar a la plurinacional, la ciudadana e incluso un cierto renacer de la sandinista. Aunque no se produjeran transformaciones en profundidad, afirmar, tras un contundente triunfo electoral, que la revolución había triunfado resultaba prácticamente gratis. Fidel Castro era el modelo a seguir, no tanto por los cambios de fondo que había aportado la Revolución Cubana, sino por la determinación de quienes habían llegado al poder de permanecer en él para siempre, o al menos por el mayor tiempo posible.

Así proliferaron las declaraciones de que “llegamos para quedarnos”, que “el poder no se comparte ni se reparte” o que “gobernaremos al menos durante los próximos 500 años”. Las reformas constitucionales para habilitar la reelección estuvieron a la orden del día y tras forzar algunas interpretaciones de la norma para presentarse a las elecciones una vez más, en ciertos casos se avanzó hacia la reelección indefinida. Los populistas reinantes estaban en la cresta de la ola y con los ingentes recursos aportados por las exportaciones se podía seguir pagando subsidios un año sí y otro también.

La abrupta salida de Honduras del ALBA y la muerte de Hugo Chávez fueron los primeros indicios de que el proyecto hegemónico cubano-venezolano había tocado techo. A partir de allí los populismos gobernantes hicieron lo posible por resistir en el poder, como demuestran las mil y una maniobras de Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega e incluso Rafael Correa. La derrota electoral en Argentina del proyecto kirchnerista liderado por “la Pasionaria del Calafate”, según la irónica definición de Jorge Fernández Díaz, vino a confirmar que el repliegue comenzaba a ser una realidad.

Cuando Chávez era gobierno, el régimen bolivariano podía darse ciertos lujos democráticos, algo que le está totalmente vedado al chavo-madurismo que sufre en su propia carne la retirada del apoyo popular. Ya no gana elecciones ni está en condiciones de convocar referéndums en momentos delicados que le permitan renovar la legitimidad electoral de origen, la única que tienen. Más allá de la autoproclamada revolución bolivariana, se constata que sin los votos no son nada. Como no los tienen, deben aplazar las elecciones, negarse a convocar el revocatorio, vaciar de contenido las instituciones y parecerse cada vez más a una dictadura.

La sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, que elimina las competencias de la Asamblea Nacional al considerarla en desacato, llega inmediatamente después de que la misma Corte borrara de un plumazo la inmunidad parlamentaria a la vez que otorgaba atribuciones especiales, amplias y genéricas, al presidente Maduro. Esto supone en la práctica la liquidación del Poder Legislativo en Venezuela. Con su crudeza habitual el líder bolivariano lo dijo claramente: “Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”. En realidad, lo histórico de la sentencia 156 es que barre de un plumazo a la democracia venezolana ante la complicidad, o más bien el liderazgo, del gobierno.

Mientras tanto, el próximo domingo hay elecciones en Ecuador, donde pese a poder presentarse a la reelección Rafael Correa decidió dar un paso al costado en previsión de una posible derrota. Con independencia del resultado de la segunda vuelta, las victorias aplastantes del pasado se han acabado y en el caso de un eventual y no descartable triunfo del oficialismo, Lenín Moreno no podrá gobernar como lo hizo su predecesor. Incluso las amenazas de Correa de volver a la primera línea de la política si ve peligrar sus “conquistas” carecen del poder coercitivo de otrora.

Pese al retroceso actual, el populismo no desaparecerá en América Latina. Mutará, pero lamentablemente no desaparecerá y volverá con alguno de sus múltiples rostros. Lo que es evidente es que el populismo existe, quizá no como categoría política pero si como una forma de ejercerla, con un desprecio casi absoluto por la justicia, el parlamento y otras instituciones democráticas y una gran falta de respeto a la verdad. En este sentido es importante recordar que los mismos ciudadanos que han votado de forma reiterada por opciones populistas previamente se habían decantado con la misma ilusión por candidatos de signo muy distinto. Tampoco es descartable pensar que el día de mañana vuelvan a hacer algo similar y terminen dándole la espalda a todos aquellos que hoy dicen hablar en su nombre.

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Carlos Malamud es Catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España e Investigador Principal para América Latina y la Comunidad Iberoamericana del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Ha sido investigador visitante en el Saint Antony´s College de la Universidad de Oxford y en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y ha estado en posesión de la Cátedra Corona de la Universidad de los Andes, de Bogotá. Entre 1986 y 2002 ha dirigido el programa de América Latina del Instituto Universitario Ortega y Gasset, del que ha sido su subdirector. Actualmente compatibiliza su trabajo de historiador con el de analista político y de relaciones internacionales de América Latina. Ha escrito numerosos libros y artículos de historia latinoamericana. Colabora frecuentemente en prensa escrita, radio y TV y es responsable de la sección de América Latina de la Revista de Libros.