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El riesgo principal de estos cambios, según la autora, es la feminización del sistema legal y la amenaza para el imperio de la ley.
Por Lucía Santa Cruz
El consenso imperante es que las mujeres siguen sufriendo discriminaciones por parte de los hombres y que deben luchar, incluso con afirmaciones positivas, por una mayor igualdad en el ámbito laboral.
Esto, a mi juicio, ha impedido ver la verdadera revolución que se ha producido en la estructura de poder relativa entre hombres y mujeres.
La esencia de estos cambios es que, por primera vez en la historia de la humanidad, son las mujeres las que tienen el control absoluto de la reproducción de la especie humana. Son ellas las que deciden cuándo tener hijos, si es que quieren tener hijos, y si conciben uno no deseado, ellas tienen el monopolio de decisión de abortarlo o no, sin que el progenitor masculino tenga ni voz ni voto. Es más, hoy día las mujeres pueden tener hijos sin necesidad de intervención masculina, y concebir a través de donantes anónimos de esperma. Esto es una fuente de poder femenino sin precedentes.
Ha surgido una nueva discusión conceptual sobre estos cambios que se ha llamado la gran feminización de la sociedad. Esto se refiere no solo a los cambios culturales, sociales y políticos que han sido el resultado de la presencia femenina, especialmente en Estados Unidos, en las universidades, en la empresa, en los medios de comunicación, en la profesión legal y en la mayoría de los centros de poder.
Helene Andrews ha escrito un gran paper que ha causado múltiples y variadas reacciones y controversias, pero que a mi juicio, como todo aquello que desafía lo que damos por sentado e incuestionable, significa un gran aporte para una mejor comprensión de la sociedad en que vivimos.
Según ella, existe una relación irreductible entre esta feminización y el movimiento Woke, y la política de cancelaciones se debe por sobre todo a la aplicación femenina de apelaciones emocionales por sobre la argumentación racional. En el ámbito universitario, esta feminización cambia la naturaleza esencial de las universidades como lugares que permiten la expresión de la verdad sobre cualquier cosa y la libertad sobre cualquier idea, por más ofensiva que sea, y las ideas, en vez de ser sometidas solo para análisis racional, se ven ahora bajo el prisma de lo que aquellos que las escuchan sienten.
Esto ha llevado a la priorización de lo femenino sobre lo masculino, de la seguridad sobre la libertad, de la empatía sobre el rigor, del consenso y la cooperación, por sobre la aplicación de reglas objetivas. Las mujeres tienen una actitud diferente hacia el conflicto, y esto tiene consecuencias como, por ejemplo, que 71% de los hombres consideran que proteger la libertad de expresión es más importante que preservar una sociedad cohesionada. Las mujeres no.
El riesgo principal de estos cambios, según la autora, es la feminización del sistema legal y la amenaza para el imperio de la ley. Considera que el estado de derecho implica aplicar las reglas, incluso cuando contradigan las simpatías de un grupo, y ello no debe depender de consideraciones de contexto ni de la subjetividad de los abogados, no debería estar influenciada por consideraciones de género y debe depender exclusivamente de la evaluación objetiva de las evidencias presentadas.
Ahora, la pregunta fundamental es si efectivamente la gran feminización se ha producido porque las mujeres de verdad han ganado sus posiciones en competencia con los hombres, o si se ha producido por la imposición de cuotas y de medidas afirmativas, lo que ha desbalanceado la verdadera meritocracia. Si la feminización se ha producido por la vía de la competencia, entonces no hay nada que objetar, pero si se ha producido por la vía de la imposición de cuotas, entonces estamos rompiendo un orden que no solo es justo, sino que es el único que permite restablecer las reglas de una verdadera meritocracia sustantiva.
Lucía Santa Cruz es Master of Philosophy de la Universidad de Oxford; Bachelor of Arts, Universidad de Londres y MA en Historia London University.Miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales Políticas y Morales de Chile. Es Consejera de varias instituciones académicas y culturales, entre ellas de Libertad y Desarrollo. Directora de empresas y profesora universitaria.