Política y petróleo

por Luis Pedro España N. Me valgo de parte del título con que Rómulo Betancourt bautizó su libro Venezuela. Política y Petróleo, para adver...

por Luis Pedro España N.
Me valgo de parte del título con que Rómulo Betancourt bautizó su libro Venezuela. Política y Petróleo, para advertirle al lector que aunque estemos cerca de cumplir el centenario como país petrolero, no solo no hemos dejado de serlo, sino que resulta fundamental para la formulación de cualquier proyecto político definir una política petrolera que escape de la polaridad actual.

Para unos el petróleo es lo único que existe, para los otros el petróleo es invisible. Bajo esas lógicas no vamos a lograr el desarrollo y el progreso que aspiramos. Ambos proyectos los probamos y fracasaron. El camino de los primeros ha sido la dependencia y el afianzamiento de un proyecto autoritario basado en unas relaciones materiales de un Estado rico que se impone sobre una sociedad cada vez más pobre.

El barranco que se pusieron en práctica los segundos pretendió desaprovechar la ventaja que da la renta petrolera reduciéndola a una simple actividad productiva, como si se tratara de campos petroleros en Texas o refinerías en el Golfo de México.

¿Será posible definir una política petrolera que resulte una suerte de salida de compromiso entre ambas? ¿Podemos seguir gozando de la renta petrolera sin que ello suponga renunciar a tener una economía diversificada y productiva? La respuesta pasa necesariamente por resolver los siguientes tres aspectos.

El nacionalismo petrolero

El nacionalismo fue la herramienta político-ideológica que usó el proyecto modernizador de Venezuela para construir su política petrolera. En los inicios, el petróleo era visto como efímero y extranjero, y se debió encontrar una forma para favorecer a las mayorías nacionales. El objetivo nacionalista consistió en extraerle a las compañías, para entonces extranjeras, parte de las "fabulosas ganancias" que obtenían de las concesiones petroleras. Esta práctica nacionalista fue avanzando en su propósito por medio del desarrollo de un sistema regulatorio e impositivo cada vez favorable al Estado, pero no fue sino con la nacionalización de la industria que el objetivo llegó a su meta última.

Luego de más de 30 años de la nacionalización petrolera, el nacionalismo petrolero es una retórica. No solo no se produce más petróleo, sino que el aumento de los ingresos petroleros es cortesía exclusiva del aumento de los precios, antes que de poseer una industria fortalecida e integrada con la economía nacional. Lo primero no ha sido posible dada la extensa agenda política que debe llevar adelante la industria petrolera y, lo segundo, menos aún. El sector privado nacional es visto con recelo y desconfianza a raíz de los eventos políticos de 2003 donde la industria nacionalizada fue protagonista revelándose contra su dueño, lo cual, y hasta nuevo aviso, ha dejado a la economía no petrolera fuera del sector.

Aun cuando es posible que el país pueda obtener de la actividad productiva del petróleo los objetivos de una agenda nacionalista, sin que necesariamente la industria sea un monopolio estatal, en el corto plazo será muy difícil plantearse un esquema distinto y en el que tengan cabida el sector privado nacional o extranjero. Por ahora, la agenda petrolera en su vertiente productiva deberá conformarse con tratar de recuperar a la industria nacional deslastrándola de las funciones de políticas públicas que se le han añadido en los últimos años.

La relación Estado-compañía petrolera

Centrar a la industria petrolera nacional en sus funciones productivas y dejar que sea el Ejecutivo el encargado de ejecutar las políticas públicas no es suficiente. Mientras se mantuvo la tesis de manejar el petróleo como si se tratara de una empresa más, se crearon no pocos vicios producto de la flexibilización de los controles ahora que la industria era venezolana. Esta práctica derivó en lo que podríamos denominar una política "liberal petrolera", la cual probablemente tratará de imponerse si el péndulo político da la vuelta, lo que a nuestro modesto entender no hará sino avivar nuevamente las prácticas excluyentes que incentivarían futuros gobiernos populistas.

Pretender que el Estado pierda poder convirtiendo la renta en simple remuneración al capital, y a los impuestos petroleros en transferencias privadas (tipo tarjeta "Mi Negra"), supone políticamente que el venezolano deje de creer que el Estado debe darle oportunidades o, lo que es peor, que las oportunidades ya se repartieron y todos los demás llegaron tarde. El Estado petrolero seguirá por mucho tiempo en el imaginario nacional como algo que debe estar presente para "ayudar al pueblo", si desaparece, o se desvanece remunerando como lo haría cualquier actividad productiva, la única lectura política será que se lo robaron.

Contrario a lo que creen los amigos de la izquierda, lo importante para que la renta le llegue al pueblo no es que la industria sea estatal, sino que sea productiva y esté regulada por un marco normativo protector del ambiente, las propias reservas, los intereses de comercialización y, claro está, de la redistribución por medio de una tributación especial.

El destino de la renta

Sin renunciar sino normando la participación del Estado en la actividad petrolera, ahora de lo que se trata es de atarle las manos para que no haga de ese ingreso un instrumento de distorsión económica o un mecanismo de control político por parte de gobiernos sin escrúpulos.

El mejor destino de la renta es la dotación de infraestructura. Es para todos, constituye un área donde los privilegios se acotan y, además, promueven inversiones. Sin embargo, en un país con el escaso desarrollo social que tenemos luce imposible de excluir a la educación, a la salud y a la seguridad social, como destinos del ingreso petrolero.

En una economía en equilibrio podría ser norma del gasto público de tipo social y de infraestructura que tenga por mínimo el nivel del ingreso petrolero, dejando al tributo no petrolero para los otros gastos del Estado. Con esto lograríamos que el petróleo vaya a todos de manera progresiva y restándole discrecionalidad al Estado, que es lo que en definitiva estorba de la renta petróleo, al sector no petrolero y al reto de superar nuestra centenaria la dependencia.



Fuente: El MundoAbr 14, 2011

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