El informe especial de Provea, elaborado por la historiadora Margarita López Maya, describe el 3 de enero de 2026 como un hito histórico: “Ese día cerró una época de la historia reciente del país y nos abrimos a transformaciones, cuya dirección está en disputa”. Ese cierre de ciclo no se explica solo por la captura de Maduro, sino por un largo proceso de deterioro institucional que comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

Del bipartidismo al liderazgo carismático

La crisis económica estructural de las décadas de 1980 y 1990, marcada por el Viernes Negro de 1983 y el Caracazo de 1989, erosionó el sistema bipartidista y abrió espacio al discurso polarizador de Chávez. Su promesa de una “democracia participativa y protagónica” capturó el imaginario de amplios sectores empobrecidos, que vieron en el nuevo liderazgo una salida a la desigualdad y al cierre de expectativas de ascenso social.

La aprobación de la Constitución de 1999 transformó el régimen político, incorporando mecanismos de democracia directa sin eliminar formalmente la arquitectura liberal representativa. Sin embargo, el ensayo subraya que el proyecto se configuró desde el inicio bajo orientaciones populistas, con un discurso dicotómico que dividió a la sociedad entre “pueblo bueno” y “adversarios apátridas”.

Del socialismo del siglo XXI al autoritarismo extremo

En su segundo gobierno, Chávez impulsó la reforma hacia el llamado “socialismo del siglo XXI”, proponiendo la creación del Poder Popular y la redefinición del Estado a partir de comunas y consejos comunales. Aunque la reforma fue derrotada en el referendo de 2007, buena parte de sus contenidos se impuso luego mediante leyes ordinarias, aprovechando el control casi total del Ejecutivo sobre los demás poderes.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un Estado sin contrapesos. El informe señala que, desde entonces, Venezuela comenzó a transitar hacia un autoritarismo abierto: se extinguieron derechos individuales, se debilitó el Estado de derecho y la represión se convirtió en herramienta central de control social. La expansión de cuerpos militares, policiales, parapoliciales y paramilitares acompañó la metástasis de la corrupción y la penetración del crimen organizado en la estructura estatal.

Crisis humanitaria y estallido político

La caída de los precios petroleros a partir de 2014 aceleró el colapso económico. Entre 2013 y 2025, el PIB se contrajo de forma dramática y el país atravesó uno de los procesos hiperinflacionarios más prolongados del mundo. El ensayo destaca que “de cada 10 familias, 9 eran pobres y 7 no podían cubrir la cesta básica alimentaria”, mientras la migración masiva alcanzó los 7,7 millones de venezolanos para 2025.

El fraude electoral del 28 de julio de 2024 fue el detonante político final. El Consejo Nacional Electoral interrumpió el escrutinio y proclamó la victoria de Maduro, pese a que la oposición había logrado recopilar 83% de las actas, demostrando el triunfo de Edmundo González Urrutia con 68% de los votos. La reacción ciudadana fue inmediata: el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 915 protestas en apenas dos días, muchas de ellas espontáneas y provenientes de sectores populares.

“La captura de Maduro esa madrugada del 3 de enero, por parte del gobierno de EEUU, inició para el país una situación inédita. Sobre esta compleja realidad, la sociedad civil y política deberá actuar para aportar a la construcción de un futuro compartido, incluyente, justo y democrático para los venezolanos”.

Un protectorado de facto y un futuro en disputa

La operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y Cilia Flores abrió un escenario sin precedentes: la instauración de un protectorado de facto. Según el informe, Venezuela quedó subordinada a las directrices del gobierno de Estados Unidos, que orienta decisiones estratégicas en energía, defensa y relaciones internacionales, mientras impulsa una apertura económica y exige la liberación de presos políticos.

Desde enero de 2026 se han producido liberaciones significativas de personas detenidas por motivos políticos, aunque aún permanecen centenares tras las rejas. El ensayo identifica dos grandes escenarios: una continuidad autoritaria tutelada, con apertura económica pero sin garantías democráticas plenas; o una transición democrática bajo presión interna e internacional, que implique desmontar el autoritarismo y convocar elecciones libres.

Cierre de ciclo y oportunidad frágil

Pese a la magnitud de la devastación, el informe reconoce un cambio en el clima social: la ciudadanía comienza a perder el miedo y a reapropiarse del espacio público. El momento actual, señala López Maya, parece abrir de nuevo, aunque de manera tímida, una oportunidad para la sociedad venezolana en su búsqueda de paz, justicia, bienestar y derechos para todos.

El desafío central será articular una unidad nacional capaz de diseñar un proyecto de país incluyente, moderno y respetuoso de los derechos humanos. El 3 de enero de 2026 cerró una época; lo que está en disputa ahora es si la nueva etapa será una prolongación tutelada del autoritarismo o el inicio de una reconstrucción democrática profunda.