Revista Fuego Cotidiano

El Estado está en la obligación de garantizar a través del ordenamiento urbano y rural, y con el diseño de políticas públicas eficientes, la convivencia ciudadana. De ella emana la subsecuente estabilidad productiva y por ende la real posibilidad de que en un futuro cercano, el pais pueda asegurar sus necesidades alimentarias con producción mayoritariamente nacional

Por Jesús Cepeda Villavicencio

Siete subsistemas, siete enfoques para un análisis integral del sistema agroalimentario venezolano (SAV). El desarrollo rural será posible, si y sólo si, se analiza su problemática bajo el prisma de la integralidad de todos y cada uno de los factores que participan en su complejo contexto, siempre bajo la concepción de concebir la vida rural dentro de un marco  de relativo confort, tanto espiritual como material.

1.2. EL MEDIO NATURAL Y EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO.

La entrega anterior fue dedicada a la reflexión sobre los grandes dilemas que acarrean en la contemporaneidad los conceptos de sustentabilidad y cambio climático, y la necesidad de su consideración, para poder entender cómo las actividades agropecuarias afectan y son afectadas por el medio natural. Hoy avanzaremos en lo que,  según  nuestra particular manera de visualizar este asunto, representa lo referido al entorno socio económico.

El entorno socio económico lo constituye todo un conjunto de actividades económicas, sociales, culturales y recreativas que se desarrollan en los epicentros y en las periferias de las zonas agropecuarias, y que de una u otra forma afectan significativamente la estabilidad emocional de todas las personas que se dedican al oficio agropecuario. Esto constituye un aspecto clave en la definición del desarrollo rural integral, porque tiene que ver con las condiciones que facilitan el mejoramiento de la calidad de vida  (el acceso cercano a centros de salud, al comercio, a los entes culturales,  deportivos y recreativos, así como a las entidades financieras, servicios mecánicos y metalmecánicos en general, instituciones educativas y de investigación, y otras actividades de diversa naturaleza). Todo ello conforma el entorno para unas adecuadas condiciones en la dura faena del campo, pero también para el goce y disfrute de la vida, es decir, para la construcción  del andamiaje necesario garantista de la permanencia en el medio rural de los productores y sus respectivas familias, así como del resto de las personas que de una u otra manera dependen del avance y sostenibilidad de la actividad agropecuaria en todas sus escalas.

El Estado está en la obligación de garantizar a través del ordenamiento urbano y rural, y con el diseño de políticas públicas eficientes, la convivencia ciudadana. De ella emana la subsecuente estabilidad productiva y por ende la real posibilidad de que en un futuro cercano, el pais pueda asegurar sus necesidades alimentarias con producción mayoritariamente nacional, tal como lo hemos venido manifestando mediante los objetivos propuestos, tanto en los aspectos legales como de la formulación del plan agroalimentario. La lucha contra la pobreza pasa por entender la necesidad de la ocupación rural, como se podrá apreciar cuando discutamos las disyuntivas de la ruralidad (complemento de la visión de integralidad del entorno socio económico) a la luz de las modernas innovaciones que al respecto se adelantan a nivel global. Sin servicios eléctricos, sin salubridad, con pésimas vialidades y sin la prestación de servicios esenciales, resulta prácticamente imposible la permanencia en el medio rural, y con ello se evapora la posibilidad de garantizar nuestra soberanía alimentaria.

2. SUBSISTEMA DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

También conocido como el agrosoporte físico, está constituido por todo el andamiaje de obras físicas fundamentales para poder alcanzar producción y desarrollo. Dentro de estas destacan básicamente; las fuentes generadoras de energía (electricidad), las vialidades agrícolas y las grandes, medianas y pequeñas obras de riego y drenaje. Abordar un compromiso de la envergadura que este asunto plantea, requiere de estudios objetivos, detallados y despartidizados (políticas estables en el tiempo, desprovistas de circunstanciales intereses grupales, gremiales o político partidistas), para que las acciones que se diseñen, sean el resultado de reales necesidades y no de coyunturas propagandistas que respondan a fines electorales. Hay que mapear las exigencias que sobre todo este complejo infraestructural, plantean los distintos polos, ejes o sectores de desarrollo agropecuario, los cuales a su vez, deben ser el resultado de la convergencia de los distintos programas locales, regionales y nacionales.

El escrutinio de un evento de tal magnitud debe realizarlo un equipo profesional interinstitucional, capaz de presentarlo ajustándolo a las temporalidades de las propuestas de planes que se han venido esbozando a través de estos escritos.

En la próxima entrega  trataremos de aproximarnos a las condiciones del país, en materia de vialidades rurales, electrificación rural, embalses y capacidades de riego con que contamos.

Jesús Cepeda Villavicencio es ingeniero agrónomo, MsSc en Desarrollo Rural, doctor en Ciencia de la Educación, profesor universitario jubilado, ensayista y político.

El nuevo custodio de la memoria de la ciudad villatodosantina pertenece a la planta profesoral de la Escuela de Historia de la Universidad Rómulo Gallegos, del cual es fundador y principal impulsor desde su fundación junto al Grupo de Historia Regional y Local Efraín Hurtado de Calabozo.

Por José Manuel Aquino

Este lunes 30 de enero, en horas de la mañana, los ediles de la corporación del Municipio Francisco de Miranda, del estado Guárico, una vez recibida el informe correspondiente al baremo emanado de la Junta Calificadora designada de acuerdo la Ordenanza Municipal del mes de diciembre de 2022, designó al historiador calaboceño Ubaldo Ruiz, como nuevo Cronista de la Villa de todos los Santos de Calabozo, cargo vacante por el deceso del doctor José Antonio Silva Agudelo.

Este destacado docente e investigador tiene una amplia trayectoria en la reconstrucción de los hechos históricos de esta ciudad, a través de sus trabajos publicados en esta rama. Ciudad que el 1 de febrero arribará a los 299 de haber sido fundada por los sacerdotes de la congregación de los monjes Capuchinos, que llegaron a esta parte del territorio de los llanos guariqueños,a mediados del siglo XVII, a fundar pueblos con el beneplácito de las autoridades de la Corona Española.

Ubaldo Ruiz es educador, graduado en la especialidad de Ciencias Sociales, en el Pedagógico de Maracay “Alberto Escobar Lara”, donde tuvo una solida formación por destacados educadores de esta disciplina histórica, entre los cuales podemos citar a Pablo Emilio Hurtado y Armando Rojas. Luego realizò estudios de postgrado en la Universidad Rómulo Gallegos, en la Maestría Historia de Venezuela, obteniendo mención por su excelente trabajo investigativo y elogios de docentes como la Acadèmica Irma Mendoza, y sus condiscípulos, entre los cuales podemos citar a José Oswaldo Pérez y Jeroh Montilla.

El profesor Ruiz, pertenece a la planta profesoral de la Escuela de Historia de la Universidad Rómulo Gallegos, en la ciudad villatodosantina, del cual es fundador y principal impulsor desde su fundación junto al Grupo de Historia Regional y Local Efraín Hurtado de Calabozo, del cual es directivo .Un gran reto en su nuevo trabajo investigativo para programar y desarrollar una amplia programación para conmemorar los trescientos años de la fundación de ciudad donde nació el poeta de la llanura Francisco Lazo Martì.

La gran mayoría de los sistemas productivos agropecuarios se realizan a cielo abierto (salvo las excepciones en sistemas controlados; casas de cultivo, invernaderos, estabulaciones pecuarias, etc). Pero estas últimas tienen una escasa participación proporcional, cuando las comparamos con las producciones alimentarias a gran escala

Por Jesus Cepeda Villavicencio

Los problemas agroalimentarios a nivel global tenderán a agravarse, si no los atendemos con políticas que se adecuen a nuevos paradigmas y en función de los objetivos del desarrollo sustentable (agenda 2030). El cambio climático y sus severos impactos a escala universal, son hechos que no pueden ocultar;  ni los gobiernos, ni las grandes corporaciones

En la entrega anterior distinguimos cinco categorías para organizar el marco de propuesta para el SAV; el asunto de la cuestión macroeconómica, la reinstitucionalización del sistema, la visión holística, los asuntos cruciales de la ruralidad y los elementos a considerar en la formulación del “Plan Nacional Agroalimentario”. Se trataron y consideraron los dos primeros aspectos. En este capítulo, iniciaremos lo referido a la visión holística (la cual hemos enmarcado dentro de la noción de sistema de sistemas), y se han definido siete subsistemas, que deben abordarse de manera integral y simultánea, si queremos alcanzar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, haciendo el máximo esfuerzo por concentrarnos en la soberanía alimentaria, para que esa aspiración pueda concretarse en una perspectiva que abarque las tres temporalidades; el corto, mediano y largo plazo. A tales efectos recordamos los subsistemas propuestos.

I). El medio natural y el contexto socio económico.
II). La infraestructura de apoyo a la producción primaria.
III). El agrocomercio
IV). Las políticas públicas.
V). La unidad de producción.
VI). La agroindustria.
VII). El consumo.

I). EL MEDIO NATURAL Y EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO.

I:1). El medio natural. Todos los ecosistemas o biomas definidos en el planeta, están siendo afectados aceleradamente por la acción antrópica, los estudios científicos revelan  que podemos estarnos acercando al punto de no retorno, con daños irreversibles para la vida de todas las especies. Pero tal contexto parece que comienza a despertar una conciencia mundial sobre dichos fenómenos, que hacen revivir la esperanza de la posibilidad de acuerdos mundiales que coadyuven en la mitigación del cambio climático, de ahí que los relativos recientes acuerdos de París (tratados internacionales sobre el cambio climático jurídicamente vinculantes, adoptados por 196 partes en la COP21 el 12 de diciembre del 2015), con la subsecuente agenda 2030 y los 17 objetivos del desarrollo sustentable, sean un compromiso de responsabilidades gubernamentales a nivel de todos los países que han suscrito tales acuerdos, y es precisamente sobre este último detalle, donde se requiere la firme voluntad de la ONU, para la implementación de las respectivas penalidades que acarrea la violacion permanente de los compromisos adquiridos. Voluntad que tiene que ser acompañada por la conciencia de los pueblos, siendo el caso venezolano un palmario ejemplo de violaciones en cadena, por la hipócrita política ambiental de quienes desgobiernan este lastimado pais. Esa política de extractivismo primitivo, implementada a lo largo y ancho del pais, tiene su expresión más elocuente en esa desgracia conocida como “Arco Minero del Orinoco (AMO) que está afectando el 12,2% (112000 km cuadrados) del territorio nacional, mientras aparecen paralelamente como refrendarios de los tratados ambientales convenidos.

La gran mayoría de los sistemas productivos agropecuarios se realizan a cielo abierto (salvo las excepciones en sistemas controlados; casas de cultivo, invernaderos, estabulaciones pecuarias, etc). Pero estas últimas tienen una escasa participación proporcional, cuando las comparamos con las producciones alimentarias a gran escala, por lo que podemos afirmar, que las actividades económicas tipificadas dentro del campo agropecuario, afectan y a su vez, son afectadas por el cambio climático, aunque sus efectos adversos sobre el clima, son relativamente menores, si los comparamos con el impacto industrial y el mal manejo de los desechos líquidos y sólidos del modelo de desarrollo urbano, en las grandes urbes. Para que tengamos una idea aproximada de estas afirmaciones, citemos lo que al respecto afirmó hace algunos años el director de la organización meteorológica mundial (OMM). “Desde la era preindustrial se han emitido al ambiente un aproximado de 375000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero ( dióxido de carbono, metano y óxido nitroso), de los cuales los océanos y bosques del planeta han absorbido la mitad, el resto ha contribuido con el calentamiento planetario. Esta cruda realidad de manera paradójica se ha acelerado en los últimos años, cuando la conciencia mundial en su avance sobre el citado fenómeno, busca acuerdos que permitan la mitigación.

Según el estudio “variación geográfica en el impacto  del cambio climático en el sector agrícola en Venezuela” (F, Ovalles; A, Cortés; M, Rodriguez; J, Rey y E Cabrera)”. El 94,3% de la agricultura venezolana se desarrolla bajo condiciones de secano, lo que la hace más vulnerable al cambio climático, sobre todo si se espera que los valores de precipitación y el número de meses húmedos de varias zonas del pais disminuyan. De manera que el impacto no es igual ni uniforme en todo el pais, lo que nos conmina a que la planificación se dimensione bajo estas consideraciones.

Es necesario que las políticas públicas hacia el SAV, sean atendidas legal y planificadamente, para poder acoplarnos a los convenimientos asumidos como firmantes de tratados internacionales y en base a nuestra propia realidad sobre la base de cuatro orientaciones fundamentales ( la agenda 2030 de la ONU, el cambio climático, la situación de biodiversidad,  los ecosistemas, y la política ambiental, que como afirmamos con anterioridad debe ser tutelada bajo los criterios originales del ministerio del ambiente ), a esto deben anexarseles los nuevos paradigmas que se incorporan  bajo novedosas figuras, como los créditos de carbono y las valoraciones económicas que se derivan de lo que la sociedad estaria estaria dispuesta a intercambiar para conservar sus recursos naturales a través del valor de los servicios ecosistémicos (tablas Groot et al, 2012) . Esto se conoce como “Evaluación de Compensaciones” (aspectos que deben ser objeto de análisis en próximos escritos, una vez finalizada la serie dedicada a la cuestión agroalimentaria), pero como ejemplo podemos citar algunas consideraciones de un trabajo presentado por el Dr Antonio De Lisio:

Valoraciones de los principales biomas afectados por el Arco Minero del Orinoco (AMO)

• Humedales Continentales; 300000 (CENAMB-CENDES-UCV) x 193845 $-ha-año.(Groot et al)                    58.153.500.000 $ año
• Bosques Tropicales; 7.000.000 ha (CENAMB-UCV.2003) x 5264 $-ha-año (Groot et al)                               36.848.000.000 $-año

Se trata de un aporte anual que al llevarlo a 20 años alcanza una cifra de 1.899.670.000.000 $, un valor siete veces superior al que reporta el régimen de 280 mil millones en las siete mil toneladas de oro oficialmente anunciadas a extraer en el AMO, pero que nunca han sido certificadas. De extraerse esa cantidad de oro, como resultado no podemos esperar otra cosa que la destrucción de los ecosistemas y del valor de los servicios que estos podrían aportar anualmente, solo se requiere voluntad política para impulsar los indispensables y nuevos paradigmas sobre el ambiente. De manera que detener este etno-ecocidio, es una opción, incluso con racionalidades económicas altamente beneficiosas para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. 

Jesús Cepeda Villavicencio es ingeniero agrónomo, MsSc en Desarrollo Rural, doctor en Ciencia de la Educación, profesor universitario jubilado, ensayista y político.