La gran mayoría de los sistemas productivos agropecuarios se realizan a cielo abierto (salvo las excepciones en sistemas controlados; casas de cultivo, invernaderos, estabulaciones pecuarias, etc). Pero estas últimas tienen una escasa participación proporcional, cuando las comparamos con las producciones alimentarias a gran escala
Los problemas agroalimentarios a nivel global tenderán a agravarse, si no los atendemos con políticas que se adecuen a nuevos paradigmas y en función de los objetivos del desarrollo sustentable (agenda 2030). El cambio climático y sus severos impactos a escala universal, son hechos que no pueden ocultar; ni los gobiernos, ni las grandes corporaciones
En la entrega anterior distinguimos cinco categorías para organizar el marco de propuesta para el SAV; el asunto de la cuestión macroeconómica, la reinstitucionalización del sistema, la visión holística, los asuntos cruciales de la ruralidad y los elementos a considerar en la formulación del “Plan Nacional Agroalimentario”. Se trataron y consideraron los dos primeros aspectos. En este capítulo, iniciaremos lo referido a la visión holística (la cual hemos enmarcado dentro de la noción de sistema de sistemas), y se han definido siete subsistemas, que deben abordarse de manera integral y simultánea, si queremos alcanzar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, haciendo el máximo esfuerzo por concentrarnos en la soberanía alimentaria, para que esa aspiración pueda concretarse en una perspectiva que abarque las tres temporalidades; el corto, mediano y largo plazo. A tales efectos recordamos los subsistemas propuestos.
I). El medio natural y el contexto socio económico.
II). La infraestructura de apoyo a la producción primaria.
III). El agrocomercio
IV). Las políticas públicas.
V). La unidad de producción.
VI). La agroindustria.
VII). El consumo.
I). EL MEDIO NATURAL Y EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO.
I:1). El medio natural. Todos los ecosistemas o biomas definidos en el planeta, están siendo afectados aceleradamente por la acción antrópica, los estudios científicos revelan que podemos estarnos acercando al punto de no retorno, con daños irreversibles para la vida de todas las especies. Pero tal contexto parece que comienza a despertar una conciencia mundial sobre dichos fenómenos, que hacen revivir la esperanza de la posibilidad de acuerdos mundiales que coadyuven en la mitigación del cambio climático, de ahí que los relativos recientes acuerdos de París (tratados internacionales sobre el cambio climático jurídicamente vinculantes, adoptados por 196 partes en la COP21 el 12 de diciembre del 2015), con la subsecuente agenda 2030 y los 17 objetivos del desarrollo sustentable, sean un compromiso de responsabilidades gubernamentales a nivel de todos los países que han suscrito tales acuerdos, y es precisamente sobre este último detalle, donde se requiere la firme voluntad de la ONU, para la implementación de las respectivas penalidades que acarrea la violacion permanente de los compromisos adquiridos. Voluntad que tiene que ser acompañada por la conciencia de los pueblos, siendo el caso venezolano un palmario ejemplo de violaciones en cadena, por la hipócrita política ambiental de quienes desgobiernan este lastimado pais. Esa política de extractivismo primitivo, implementada a lo largo y ancho del pais, tiene su expresión más elocuente en esa desgracia conocida como “Arco Minero del Orinoco (AMO) que está afectando el 12,2% (112000 km cuadrados) del territorio nacional, mientras aparecen paralelamente como refrendarios de los tratados ambientales convenidos.
La gran mayoría de los sistemas productivos agropecuarios se realizan a cielo abierto (salvo las excepciones en sistemas controlados; casas de cultivo, invernaderos, estabulaciones pecuarias, etc). Pero estas últimas tienen una escasa participación proporcional, cuando las comparamos con las producciones alimentarias a gran escala, por lo que podemos afirmar, que las actividades económicas tipificadas dentro del campo agropecuario, afectan y a su vez, son afectadas por el cambio climático, aunque sus efectos adversos sobre el clima, son relativamente menores, si los comparamos con el impacto industrial y el mal manejo de los desechos líquidos y sólidos del modelo de desarrollo urbano, en las grandes urbes. Para que tengamos una idea aproximada de estas afirmaciones, citemos lo que al respecto afirmó hace algunos años el director de la organización meteorológica mundial (OMM). “Desde la era preindustrial se han emitido al ambiente un aproximado de 375000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero ( dióxido de carbono, metano y óxido nitroso), de los cuales los océanos y bosques del planeta han absorbido la mitad, el resto ha contribuido con el calentamiento planetario. Esta cruda realidad de manera paradójica se ha acelerado en los últimos años, cuando la conciencia mundial en su avance sobre el citado fenómeno, busca acuerdos que permitan la mitigación.
Según el estudio “variación geográfica en el impacto del cambio climático en el sector agrícola en Venezuela” (F, Ovalles; A, Cortés; M, Rodriguez; J, Rey y E Cabrera)”. El 94,3% de la agricultura venezolana se desarrolla bajo condiciones de secano, lo que la hace más vulnerable al cambio climático, sobre todo si se espera que los valores de precipitación y el número de meses húmedos de varias zonas del pais disminuyan. De manera que el impacto no es igual ni uniforme en todo el pais, lo que nos conmina a que la planificación se dimensione bajo estas consideraciones.
Es necesario que las políticas públicas hacia el SAV, sean atendidas legal y planificadamente, para poder acoplarnos a los convenimientos asumidos como firmantes de tratados internacionales y en base a nuestra propia realidad sobre la base de cuatro orientaciones fundamentales ( la agenda 2030 de la ONU, el cambio climático, la situación de biodiversidad, los ecosistemas, y la política ambiental, que como afirmamos con anterioridad debe ser tutelada bajo los criterios originales del ministerio del ambiente ), a esto deben anexarseles los nuevos paradigmas que se incorporan bajo novedosas figuras, como los créditos de carbono y las valoraciones económicas que se derivan de lo que la sociedad estaria estaria dispuesta a intercambiar para conservar sus recursos naturales a través del valor de los servicios ecosistémicos (tablas Groot et al, 2012) . Esto se conoce como “Evaluación de Compensaciones” (aspectos que deben ser objeto de análisis en próximos escritos, una vez finalizada la serie dedicada a la cuestión agroalimentaria), pero como ejemplo podemos citar algunas consideraciones de un trabajo presentado por el Dr Antonio De Lisio:
Valoraciones de los principales biomas afectados por el Arco Minero del Orinoco (AMO)
- Humedales Continentales; 300000 (CENAMB-CENDES-UCV) x 193845 $-ha-año.(Groot et al) 58.153.500.000 $ año
- Bosques Tropicales; 7.000.000 ha (CENAMB-UCV.2003) x 5264 $-ha-año (Groot et al) 36.848.000.000 $-año
Se trata de un aporte anual que al llevarlo a 20 años alcanza una cifra de 1.899.670.000.000 $, un valor siete veces superior al que reporta el régimen de 280 mil millones en las siete mil toneladas de oro oficialmente anunciadas a extraer en el AMO, pero que nunca han sido certificadas. De extraerse esa cantidad de oro, como resultado no podemos esperar otra cosa que la destrucción de los ecosistemas y del valor de los servicios que estos podrían aportar anualmente, solo se requiere voluntad política para impulsar los indispensables y nuevos paradigmas sobre el ambiente. De manera que detener este etno-ecocidio, es una opción, incluso con racionalidades económicas altamente beneficiosas para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos.
Jesús Cepeda Villavicencio es ingeniero agrónomo, MsSc en Desarrollo Rural, doctor en Ciencia de la Educación, profesor universitario jubilado, ensayista y político.
