por Laritza Diversent

Mientras la Unión Europea y Estados Unidos condicionan sus relaciones con el gobierno de la isla, a un progreso de los derechos humanos, el Estado cubano guarda silencio sobre la ratificación de los pactos internacionales en esa materia.

El 28 de febrero de 2008, cuatro días después que Raúl Castro asumiera el poder, el destituído canciller Felipe Pérez Roque, firmaba en Nueva York el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¿Hubo una intención o fue una simple estrategia?

Les explico. Desde diciembre de 1966, estos dos Pactos están abiertos a la firma y ratificación de todos los estados miembros de las Naciones Unidas. La Habana los firmó hace dos años, pero todavía no los ha ratificados. La reacción internacional fue positiva. Dio la impresión de que al firmarlos, el renovado gobierno salía del aislamiento y se garantizaba legitimidad. Incluso se habló de posibles cambios dentro del cerrado sistema cubano y de la visita a Cuba de Manfred Nowak, relator especial del la ONU contra la tortura. Pero ni se produjeron cambios ni el relator pudo viajar a visitar las cárceles en la isla.

A golpe de anunciar (y no cumplir) el levantamiento de prohibiciones, el gobierno logró el cese de las sanciones de la Unión Europea y un diálogo privado, sin resultados, sobre derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, el Estado cubano no ha dado su consentimiento para contraer obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

¿De quién depende la decisión?

La Constitución cubana de 1976 y el Decreto–Ley 191/99, regulan el procedimiento interno para la ratificación de tratados internacionales. En el trámite deben integrarse las respectivas decisiones o acuerdos del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado. El primero aprueba, el segundo ratifica. No se conoce ningún otro país en el cual el visto bueno del gobierno esté dividido en dos actos.

Al ser distinto el procedimiento en Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que esperar por ambos consentimientos, el de los Consejos de Estado y de Ministros, y luego elaborar el instrumento de depósito o nota diplomática para ratificar los Pactos en la ONU.

¿A qué se debe la demora?

Según especialistas consultados, los dos Pactos no han sido ratificados porque la vigencia en el país de estos instrumentos jurídicos internacionales, son vistos como una amenaza para la dinastía de los hermanos Castro. Y es que los Estados, al ratificar estos Pactos, se comprometen a adoptar las medidas oportunas para dictar las normas legislativas necesarias que hagan efectivos los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de sus ciudadanos.

Eso significaría que el gobierno cubano tendría que realizar importantes reformas en su sistema legal. Tendría que derogar, por ejemplo, la Ley 88 (ley mordaza), que impide la libertad de expresión.

También abolir la Ley 989 de diciembre de 1961, que impone los permisos de entrada y salida del territorio nacional, así como el abandono definitivo y la confiscación de bienes de los emigrantes. Igualmente eliminar el Decreto 217, que regula la migración en Ciudad de la Habana, y prohíbe a los residentes de otras regiones, domiciliarse en la capital.

La vigencia de los Pactos exigiría reformar la Constitución de la República, que penaliza el ejercicio de los derechos que se oponen a la existencia y fines del Estado socialista. Implicaría además, una seria modificación del sistema político, sobre todo lo relativo a la existencia de un partido único. La Constitución reconoce al Partido Comunista de Cuba (PCC), como la “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Este reconocimiento incluye también la ideología.

El pluralismo político está legalmente prohibido. El PCC no admite igualdad con otros partidos, ni reconoce legitimidad a ninguna ideología diferente. La Ley de Asociaciones tampoco contempla la existencia de otras organizaciones políticas. Las actuales normas y particularidades del sistema jurídico cubano contradicen los principios sostenidos por el Pacto de los derechos civiles, que reconoce la libertad de opinión, movimiento y asociación.

La demora en estas ratificaciones ante las Naciones Unidas, es responsabilidad del gobierno cubano. El motivo principal de la demora lo resume un abogado independiente: “Si el régimen ratifica y pone en vigor los Pactos internacionales sobre derechos humanos, estaría comprando soga para su pescuezo”.

Lo que el defenestrado Pérez Roque firmó en Nueva York en 2008, fue sólo una estrategia de distracción del gobierno cubano para ganar tiempo político.