Acerca de la cuestión agroalimentaria venezolana (cuatro)
Entre el 2020 y 2021, la falta de políticas de apoyo a la producción nacional (lo cual prácticamente ha sido una constante de este régimen, desde que decidió crear un ministerio para la alimentación, separando este renglón de su nicho natural; la agricultura y la cría, creando una estrategia que no fue otra cosa, que el fomento a una escala sin precedentes, para favorecer con las importaciones de alimentos, a tasas preferenciales, a elites militares, que fueron las que se apropiaron de ese lucrativo y corrupto negocio
Por Jesús Cepeda Villavicencio
Plantear la necesidad de que el SAV, sea analizado, discutido y formateado, bajo el prisma de una visión holística, obedece a la inaplazable necesidad social, económica y política, de romper con el monopolio que para la vida de la nación impuso el rentismo petrolero. Insistimos en que no se trata de una ruptura que descanse en la definitiva erradicación del modelo petrolero (eso sería irresponsable de nuestra parte), porque más allá de las tendencias históricas y la necesaria e ineludible obligación de su sustitución por energías limpias, que ayuden a mitigar los terribles efectos del cambio climático, sabemos que eso todavía se llevara un tiempo relativamente prolongado. Tiempo que advertimos, puede y debe ser asumido con una elevadísima responsabilidad, para que sus relativos beneficios, una vez superada la actual desgracia que tributo en su colapso, puedan apalancar el desarrollo de alternativas económicas, que garanticen el nuevo rostro de la futura Venezuela democrática, sin ataduras que impidan su movilización hacia el progreso (civilidad), ni ilusos atavismos que nos retrotraigan a un pasado que no volverá.
Hemos insistido que el SAV y los siete subsistemas que se han definido, necesita revertir tres aspectos claves para aproximarse al estatus que aspiramos y esperamos ocupe, en ese promisorio futuro; primeramente, tiene que resolver el crónico déficit nutricional que padece su población (asunto que destacaremos en la presente entrega), en segundo lugar tiene que modificar su ecuación productiva, para poder satisfacer sus demandas nutricionales, y finalmente, tiene que equilibrar una balanza comercial históricamente deficitaria. Contextualizar y centrarse en esos tres ejes fundamentales, permitirá fijar la brújula, para no desviarnos de un camino que previamente debemos mapear con el plan que se propondrá para tales efectos.
En relación al primer aspecto, tema del análisis de este artículo, el panorama no puede ser más desolador y desalentador. Necesita más allá de las pertinentes miradas políticas, compromisos verdaderamente humanitarios, como se tendrá la oportunidad de observar con las cifras que a continuación se mostraran, y que jamás han debido ocurrir en una Venezuela a la que Dios y la Naturaleza les legó, todo lo que una sociedad necesita para una civilizada convivencia.
Los datos e informaciones aquí expresadas, han sido consultados en los informes que al respecto han presentado; la CEPAL, la ONU, el PMA (programa mundial de alimentos), la FAO, la FUNDACIÓN BENGOA, CARITAS y las encuestas de tres prestigiosas universidades Venezolanas (UCAB, USB Y UCV): ENCOVI. Son cifras irrebatibles e inocultables, y por más cinismo, que este degenerado régimen quiera imponer a la sociedad, al pretender ocultar y negar, un gravísimo problema de carácter HUMANITARIO, empujan al país y a toda su población a un espiral de violencia, vorágine y a un tremedal que pareciera no tener fondo.
Con respecto a los medios de vida, los datos abarcan una población para el año 2021, de 27,6 millones de personas, de las que se considera que su totalidad no dispone de los recursos económicos necesarios y suficientes, para cubrir todos sus gastos esenciales. De ese total, 18,5 millones padecen grandes necesidades humanitarias, porque perdieron o extenuaron sus medios de vida de forma irreversible para poder alimentarse (agotamientos de ahorro, venta de bienes y artículos del hogar). Para junio del año 2021, el salario mínimo real, se había reducido en un 95%, es decir prácticamente había desaparecido, y paralelamente a ello, la capacidad de producción nacional de alimentos se había reducido a un 20% de su capacidad, con relación a la que tuvo alrededor del año 2008.
Los datos del PMA publicados en el año 2019, confirmaron una crisis alimentaria aguda de elevada escala, en por lo menos 9,3 millones de personas sufriendo inseguridad alimentaria. De esa cifra, 24,5% tienen inseguridad moderada y 8,1 inseguridad severa. Esta situación ha colocado a Venezuela entre los países con las cuatro mayores crisis alimentarias del mundo, y con una tendencia aún más pesimista después de la pandemia, por el agravamiento en todos los órdenes. Una hiperinflación que se ha prolongado por cinco años ininterrumpidamente (una de las más larga del mundo, por no decir la más), una estrepitosa caída de la producción nacional y de las importaciones de bienes alimentarios, que aun cuando estas últimas, han mostrado una leve mejoría a partir del 2020, los elevados precios de esos bienes, se tornan inaccesibles a una depauperada población, todo lo cual ha incrementado en tan solo dos años la inseguridad alimentaria a 14,3 millones de personas.
Para el año 2019, la FAO actualizaba sus datos con respecto a Venezuela, y como ya habíamos citado, 9,3 millones de venezolanos, se encontraban o subalimentados o con hambre crónica, así mismo los informes del PMA, indican que de esta población, 17,8% había reducido el consumo a niveles inaceptables, 12,3% había llegado a niveles límite, y 5,5% se encontraba en déficit extremo. Entre el 2015 y el 2019, la disponibilidad de alimentos cayó en un 73%, la ingesta proteica disminuyó en ese mismo porcentaje y el consumo calórico se redujo en un 34%.
Entre el 2020 y 2021, la falta de políticas de apoyo a la producción nacional (lo cual prácticamente ha sido una constante de este régimen, desde que decidió crear un ministerio para la alimentación, separando este renglón de su nicho natural; la agricultura y la cría, creando una estrategia que no fue otra cosa, que el fomento a una escala sin precedentes, para favorecer con las importaciones de alimentos, a tasas preferenciales, a elites militares, que fueron las que se apropiaron de ese lucrativo y corrupto negocio, en un abierto y descarado perjuicio de la producción nacional y de la estabilidad de las regiones agrícolas del país. Este oscuro negocio pudieron mantenerlo durante todo el periodo de la gran bonanza petrolera). A lo anterior hay que sumarle la aguda escasez de combustible, que se ha hecho crónica, no solo durante la pandemia, sino que aún persiste, y ha complicado más el panorama de la disponibilidad y acceso a los alimentos para la inmensa mayoría de nuestros coterráneos. Esto se expresa al compararlo con el año 2015, en una disminución del consumo de carne, en un 93%, de leche y derivados en un 85%, de arroz en un 89% y de hortalizas en un 89%, todo lo cual configura un escenario de Emergencia Humanitaria Compleja, que el régimen de maduro se niega a reconocer.
Estos déficits, tanto calóricos como proteicos, se ven reflejados dramáticamente en un estudio realizado recientemente por la Fundación Bengoa, focalizado en niños menores de dos años de los estratos poblacionales C,D y E, encontrándose severos retrasos en el crecimiento en talla (RCT) o desnutrición crónica. A esa edad, este retardo es una consecuencia cuyo origen se ubica no solo en la etapa postnatal, sino incluso con mayor grado de severidad en la etapa prenatal, por la exposición de las progenitoras a deficiencias alimenticias y nutricionales, siendo obvio que estas anomalías impactarán el desarrollo cognitivo de esos niños, asi como los expondrá a sufrir delicadas enfermedades en su ulterior desarrollo, existiendo como derivación de todo esto, una alta probabilidad de ocurrencia de graves problemas de salud pública en el corto y mediano plazo.
En la próxima entrega iniciaremos el abordaje de propuestas, sobre las que creemos debemos consensuar rumbo al rescate de nuestra democracia.
Jesús Cepeda Villavicencioes ingeniero agrónomo, MsSc en Desarrollo Rural, doctor en Ciencia de la Educación, profesor universitario jubilado, ensayista y político.
