En el siglo que terminaba, el lenguaje y las palabras muestran una cognición social, es decir, una interface entre el discurso y la sociedad (Van Dijk, 2009). Este registro de signos configuraba la concepción del mundo y las sensibilidades colectivas propias de un momento dado o de una realidad determinada,
| El general Ignacio Andrade |
Por José Obswaldo Pérez
Introducción
El ocaso del partido Liberal Amarillo y su división en grupúsculos minoritarios fue no solamente un aspecto importante de la Historia Política de Ortiz, sino que abarca a otros espacios geográficos de finales de siglo XIX. Su caída es un proceso abordado desde la historiografía de las ideas; pero, también, desde el discurso y el poder, a través de una narrativa expresada en documentos primarios y, sobre todo, en las manifestaciones discursivas de las elites simbólicas, especialmente, de aquellos funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones de gobierno.
En el siglo que terminaba, el lenguaje y las palabras muestran una
cognición social, es decir, una interface entre el discurso y la sociedad (Van Dijk, 2009). Este registro de signos configuraba la concepción del mundo y las sensibilidades colectivas propias de un momento dado o de una realidad determinada, mediante elementos constitutivos de la conciencia y de la acción humana. Los acontecimientos narrados marcan el fin de un ciclo histórico, cuyos hechos transcienden con la idea floreciente del lenguaje de la subversión, es decir, el lenguaje de la política por otros medios como el lenguaje de la “revolución”, palabra imprecisa, pero de aprehensión colectiva con el significado de cambio positivo, de progreso y un mejor porvenir (Straka, 2011:93).
Al examinar las diferencias políticas, entre los sujetos sociales del oficialismo del gobierno andrecísta y los grupos de oposición del rojismo y el mochismo local, nos encontramos con un discurso político dominado por la intriga y la división, el fin de la” alianza de los caudillos regionales” que hizo posible la gobernabilidad de Venezuela, ahora acababa como simples montoneras.
En ese contexto narrativo, los episodios determinan la valoración de la historia como producto cultural, tanto en la construcción verbal directa del discurso reconstructivo de sus representaciones mentales como a través de las fuentes documentales primarias- como el libro de oficio de la Jefatura Civil del Distrito Roscio de 1899 – sirviéndonos como material de información para mostrar tales acontecimientos (events) y extrayendo de ellos hechos históricos de discusión y análisis historiográfico que, al final, conjugan con las variaciones o cambios perceptibles de la dinámica vital de aquella sociedad en ciernes.
A las puertas de inestabilidad política
Era 1899, un año aún convulsionado políticamente. El asesinato de Joaquín Crespo, el 16 de abril de 1898, en la Mata Carmelera, estado Cojedes; la elección fraudulenta de Ignacio Andrade, en los comicios realizados ese año y la promulgación de una nueva Constitución por el reciente gobierno, abrían las puertas para una crisis nacional (Arraíz Lucca, 2007). A esto, también, se agregaría la muerte del expresidente Antonio Guzmán Blanco, en Paris, la cual se hizo conocimiento en toda Venezuela. Tanto en la capital como en las parroquias del distrito Roscio, se le guardó duelo por ocho días por tan sensible acontecimiento.
De modo que, estos hechos ponían al gobierno del general Ignacio Andrade en un escenario de inseguridad e inestabilidad. ¿Y cómo estas vicisitudes influyeron a nivel local y regional? En efecto, en febrero de ese año, el general Ramón Guerra- aquel que había puesto preso al “Mocho” Hernández, ganando fama y prestigio por tal hecho- se alzaba en Calabozo. En los caminos y calles de pueblos de Guárico se levanta la campaña de la Revolución Liberal Restauradora. Por lo tanto, en la entidad llanera no era de extrañar que fuese también un foco de esas pugnas caudillistas entre los partidarios del gobierno y los opositores al régimen.
Uno de estos líderes guerrerista, Alejandro Lefebre, jefe de Operaciones del Distrito Roscio, se comunicaba con Isidoro Wiedeman en Ortiz, el 21 de febrero, para manifestarle que la revolución comenzaba a cosechar triunfos en Guárico y Apure (Ruiz Chataing, 2010: 86). Pero, las acciones de Guerra marcaban con mal pie y presagiaba duras derrotas como la de Morrocoyes, cerca de Dos Caminos, entre las vías que conducen a Calabozo y Tiznados. “Es increíble lo que le paso a Guerra en Morrocoyes. Hasta a pie salió según me han dicho. Allí tenía todo su capital guerrero y ahora he sabido que la dispersión fue de tal naturaleza que probablemente no vera más los numerosos dispersos que cogieron para Tiznados y otros puertos”, cuenta el general Augusto Lutowsky, en comunicación enviada a Zoilo Bello Rodríguez, desde Calabozo, el 8 de marzo de 1899.
Como se ve la trama de estas luchas políticas tenía su escenario en el Distrito Roscio, cuya capital tenía su asiento en el municipio Ortiz. En este contexto surge una narrativa histórica en tiempo y espacio contemporáneo, cuyos indicios son extraídas de documentos primarios como se ha dicho. De esas correspondencias y telegramas, entre los funcionarios policiales del gobierno de Andrade y sus subalternos, donde se plasmaba un discurso político singularizado, cuyo contenido socio-simbólico subyacente (es decir, su base ideológica) se sustentaba en el control de la opinión y la orientación de comportamientos colectivos; pero, sobre todo, se buscaba la deconstrucción de sus adversarios para frenar aquella inflexión de los “indignados” que tomaban las armas para restituir la legalidad. Esa otra pequeña historia de ambiciones, felonías y engaños conque terminaba el siglo y abría un nuevo tiempo para el periodo de los Andinos en el Poder.
Un Roscio prófugo
Aquel mayo de 1899, las autoridades policiales habían reclamado enérgicamente la captura de unos hombres que se habían fugado de la Cárcel Pública de Calabozo y que la ley los había calificado de criminales. Entre esos sujetos estaba el nombre de Ulbano Roscio, quienes los jefes militares y civiles buscaban desde hace mucho tiempo por parajes y lugares apartados de la periferia urbana. El texto que reclamaba a la autoridad de San Francisco de Tiznados, incitaba a no dejar impune el caso. Asimismo, la comunicación enviada al Jefe Civil de la Parroquia requería “medida serias” contra aquellos sujetos que infundían “terror” y “amenaza”, por lo cual se ordenaba la captura de Roscio y otros cuatro individuos que, en el texto, calificaban de “secuaces”. Se trataban de los ciudadanos Juan Colón, Eustaquio Arteaga y dos Ramón, Ceballos y Carrizales, respectivamente. En la referida notificación, el Jefe Civil del municipio Ortiz subrayaba:
“(…) no duda el suscrito que U. apercibido de los grandes deberes que le impone el carácter de primera autoridad de ese Municipio, procurara dejar satisfecha la vindicta pública ultrajada por la impunidad que quieren atribuirse esos criminales”.
Al parecer la inteligencia policial había visto “merodear tranquilo” a Roscio y sus compañeros en el Caserío Platillón, al noroeste de Guárico, cerca de San Juan de los Morros, según informe de personas fidedignas. La medida judicial se llevó a cabo; el primero en capturar fue Ramón Carrizales, quien fue entregado a las órdenes del Juez de Primera Instancia Criminal de Calabozo.
Luego, correspondió a Roscio, quien era prófugo de la justicia. Había sido recapturado y enviado a Calabozo, el 30 de mayo. Más tarde, Roscio y Carrizales fueron sobreseídos de los cargos por el Juez de Primera Instancia Criminal, el 28 de junio de ese año. Mientras los otros sujetos, el gobierno seguía en su búsqueda.
Opositores con ideas revolucionarias
En un mensaje dirigido al presidente del estado en Calabozo, el Jefe Civil de San José de Tiznados, Comandante Manuel Rachadell, informaba sobre individuos que “sustentan ahí ideas revolucionarias”. Citando a José Nieves, José Gregorio Zapata, los hermanos Ramón y Manuel Herrera, Vicente Páez y otros que “sirven para reclutas”.
Sin embargo, las denuncias recaen sobre los sanjosedeños José Gregorio Zapata y Teófilo Herrera. Según, las autoridades de la parroquia observan una “conducta hostil a la paz pública”. En otro despacho dirigido al Jefe Civil de San José de Tiznados, por el Jefe Civil del Distrito Roscio, la autoridad se extrañaba que, en dichas denuncias del 20 de junio, no figuraran José Nieves, los hermanos Ramón y Manuel Herrera y otros indiciados calificados de propagar “ideas de planes subversivos contra el orden pública”. Sin embargo, la superioridad civil del distrito instaba al comandante Rachadell a que no “(…) pierda de vista a esos individuos y al tener pleno conocimiento de que intentan hacer armas contra el Gobierno redúzcalos a prisión como es de su deber…”
Según los informes de una red de inteligencia del gobierno, compuesta por comisarios de caseríos y jefes civiles de las parroquias, las acciones conspirativas tenían su epicentro en los Tiznados, específicamente, en la Sierra Alta de esa cuenca; entre los sitios de Guanaire y San Pablo de Camobé, donde se estaba conspirando contra el gobierno. Había presunción de que los generales Francisco Esteban Rangel y Antonio Rodríguez Orozco estaban confabulados “en su propósito revolucionario contra el Gobierno”.
Las autoridades habían ordenado al oficial Manuel Ramón Núñez, la captura del telegrafista Antonio del Nogal, en San Juan de los Morros; al parecer involucrado en ideas y planes subversivos contra el Gobierno y el comisario mayor de Palacios-caserío cercano a Ortiz-, tenía instrucciones de apresar al General E. Chalbaud Cardona, de Mérida, a quien la policía describía fisonómicamente como “catire, ojos verdes, poco bigote, ninguna barba, delgado, estatura mediana y cojo de una pierna”.
En San José de Tiznados, el Jefe Civil Manuel Rachadell insistía en acusar a los sospechosos, mientras el gobierno había suministrado a esta parroquia armas y municiones a sus funcionarios. En un oficio del 06 de septiembre se hace referencia del envío de 25 mosquetones y mil cápsulas.
Las acusaciones de Rachadell, contra aquellos ciudadanos de San José, llegaron a la prensa. La Voz del Guárico – en edición de julio- reseñaba que los acusados de conspirar habían manifestado su adhesión al gobierno de general Andrade. Pero, estos sujetos denunciaban y rechazaban al jefe civil de allí, por cuanto los acusaba de “revolucionarios” y, al mismo tiempo, practicaba coerción y violencia contra ellos. Desde luego, el gobierno de Celestino Peraza se distanció de los métodos “ilegales” de Rachadell y convidó al funcionario a utilizar “las vías judiciales si se cree con derecho contra aquellos firmantes”. E igualmente, la autoridad civil de Roscio manifestaba sus diferencias con el Comandante Rachadell, “(…) No es ajustado el procedimiento del jefe civil, pues el ejecuta actos no ordenados por esta jefatura y que ni siquiera se tienen conocimientos de ellos”.
Persecución a los mochistas
A finales de julio de 1899, se encargó de la presidencia del Guárico, el General Francisco Manuitt, hijo, en sustitución del General Celestino Peraza, quien se había separado del cargo por motivos de salud. Entre sus medidas de seguridad ordenó, en el mes de agosto, arrestar a los principales mochistas del Distrito Roscio, y remitirlos a la ciudad de Calabozo. “No debe U. por ningún respecto tener con ellos contemplaciones, puesto que los conozco a todos…”, señalaba en un telegrama dirigido al Jefe Civil de Ortiz.
Las órdenes se comenzaron a cumplir. En San Francisco de Tiznados se remitió la captura del general José Gómez, de San Casimiro, a quien fisonómicamente describen como un “hombre pintado de canas”. A las celdas de la cárcel pública de Ortiz empezó a llegar los presos políticos. Entre los que se encontraban: Antonio Brandgy y Luis Tomás Rojas Caballero, considerados por la autoridad distrital de no ser de ninguna significación, pero que debía estar encarcelados por órdenes superiores. Otros de los capturados, considerados por razones políticas, fue Pedro Antonio Carbonell, enviado a Caracas, “en calidad de preso”, bajo la conducción de un oficial y una cuadrilla de hombres.
La lista de encarcelados crecía, al tiempo que se ordenaba reducir a prisión a los adversarios del andrecismo. Pero, en esa lista también caía gente no vinculada con los planes subversivos como en el caso de Nicomedes Gamarra, a quien se le creía perjudicial, asimismo al ciudadano Cosme Flores, a quien buscaban en San José de Tiznados y era acusado de ser un “propagador de noticias perjudiciales al gobierno”.
Sin embargo, en un oficio de septiembre, el jefe Civil del Distrito Roscio informaba al presidente de República, Ignacio Andrade, sobre la situación de “completa paz” en que se encontraba su jurisdicción, pese a los rumores
El fin del andrecismo
Los indicios eran determinantes. Las conspiraciones continuaban creciendo en el contexto del municipio y áreas geográficas adyacentes, algunos funcionarios andrecistas se estaban pasando a la causa restauradora. El complot, ahora, era en el seno del gobierno. “La situación es caótica. Conspiran los liberales, los nacionalistas, los generales, los civiles, los Ministros”, escribe J.R Velásquez, en su obra La caída del liberalismo amarilla.
El movimiento revolucionario, como una célula conspirativa, había captado muchos adeptos en sus filas. En el mes de septiembre, los rumores y las noticias telegráficas eran concluyentes. En San Juan de los Morros se hablaba de un alzamiento liberalizado por Rafael Carabaño; la misma situación se presentaba en Flores. Las fuerzas sediciosas se habían organizado en San José de Tiznados, en los sitios Paraima, Las Garzas y Santo Domingo, donde habían reunido un grupo de 400 hombres.
El 17, el jefe Civil pone en sobre aviso a Cándido Vásquez, quien vive en Sabana Redonda, sobre las prácticas de los revolucionarios “que merodean sobre la Sierra”. Le advierte que no se deje sorprender, que ponga mucha vigilancia “por estar su casa de habitación avanzada sobre una vía interesante”.
Entre las acciones “subversivas” estaban los ataques contra los postes del tendido telegráfico.
Apuntes finales
Los hechos de esta lectura del año 1899, en una escala menor, nos han permitido apreciar conspicuamente la acción de unos sujetos sociales involucrados en este interciso del tejido político-social orticeño. Pero, a la vez, nos muestran que el discurso político tiene sus referencias dimensionales extra-lingüísticas como se observa a través de las configuraciones de los actores y las palabras materiales e ideológicas del poder institucional. En tal sentido, al revisar estos acontecimientos mediante el análisis del discurso histórico sobre la base de nuestro pasado político y militar, implicaría un nuevo abordaje historiográfico sobre la forma de hacer Historia de las Ideas y de las Mentalidades en un espacio local que, a todas luces, comenzaba a sufrir los cambios de una nueva era o, por lo menos, un reacomodo de sus hombres con su tiempo.
Bibliografía consultada
Fuentes primarias
JEFATURA CIVIL DEL MUNICIPIO ROSCIO. Libro de oficios. Distrito Roscio, 1899.
Compilaciones documentales
ARMAS CHITTY, J.A DE (1978). “El Mocho” Hernández. Papeles de su Archivo. Caracas: Ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.
ARRAÍZ LUCCA, RAFAEL (2007). Venezuela: 1830 a nuestros días. Caracas: Editorial Alfa.
CONGRESO NACIONAL. Recopilación de leyes y decretos de Venezuela. Volumen 25, p. 97
ESTEVES GONZÁLEZ, EDGAR (2006). Las guerras de los caudillos. Caracas: Editorial CEC. SA. Los libros del El Nacional.
RUIZ CHATAING, DAVID (2010). Ignacio Andrade. Caracas: Biblioteca Biográfica Venezolana. Libros de El Nacional.
STRAKA, TOMÁS (2009). La república revolucionaria. La idea de revolución en el pensamiento político venezolano del siglo XIX. Caracas: Instituto de Estudios Políticos. Revista Politeia.No.43, Vol.32; pp.165-190
STRAKA, TOMÁS (2011).¿ Ha ocurrido una revolución en Venezuela?. Debates IESA, Vol. XVI, No.2, pp.92-95
VAN DIJK, TEUN A (2009). Discurso y poder. Contribuciones a los Estudios Críticos del Discurso. España: Editorial Gedisa.
VELÁSQUEZ, J.RAMÓN (1973). La caída del liberalismo amarilla. Tiempo y drama de Antonio Paredes. Caracas: Cromotip.
