Luis Alfonso Herrera Orellana
Existe un consenso general entre notables historiadores venezolanos, con Germán Carrera Damas y Manuel Caballero a la cabeza, según el cual operaron en algunos períodos de la historia de nuestro país esquemas liberales de ejercicio del poder, que han recibido denominaciones como “República autocrática liberal” o “República democrática liberal”, para distinguirlos de otros períodos, propiamente dictatoriales, en los que no hubo ningún respeto a la libertad de los ciudadanos, pero más allá de ello, para sostener que en esos períodos “liberales”, tanto del siglo XIX como del siglo XX –regímenes como los de Guzmán y Gómez, por ejemplo, en los que supuestamente se habría promovido la libertad económica pero no la política, y durante los gobiernos de la democracia civil, en la que se promovió la libertad política pero no la económica-, sí se aplicaron ideas propias del pensamiento liberal, y se rechazaron otras corrientes políticas como el republicanismo, el socialismo o el militarismo, siendo entonces posible, desde esta interpretación, evaluar qué resultado ha tenido, positivo o negativo, la aplicación del liberalismo en tierras venezolanas.
La historiografía derivada de la obra de los mencionados autores, entonces, considera acertado, al menos desde el punto de vista de esta disciplina, considerar al Partido Liberal Amarillo, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez -y quizá hasta a Marcos Pérez Jiménez-, como organizaciones y gobernantes liberales, que aplicaron las propuestas de esta corriente del pensamiento conforme a las circunstancias nacionales, y que, por tanto, a partir de su desempeño es lícito evaluar toda propuesta actual de cambio institucional y ejercicio del poder basada en dicha filosofía moral y política a la luz de los resultados alcanzados por dichas organizaciones y personajes, a favor o en perjuicio de los venezolanos, siendo en tal sentido negativo el balance, al estar entonces las ideas liberales asociadas así a tiranías, privilegios, despotismo, discriminaciones y falta de igualdad ante la ley, lo que en forma directa invalidaría por inútil y acaso hasta inmoral el defender ideas liberales en la Venezuela actual, dado que éstas se habrían aplicado y fracasado en el pasado, por su carácter supuestamente anti-democrático, así como su presunto economicismo radical, prueba de lo cual serían, supuestamente, las medidas económicas aplicadas al inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, a inicios de la década de los 90 del pasado siglo.
Lo anterior permite comprender por qué Caballero afirmó lo siguiente:“Porque de la confrontación entre el liberalismo irrealizable (el de los tiros) y el liberalismo realizado (el del Benemérito) con la realidad venezolana de 1936, surgió esa crítica y sobre todo esta idea: la libertad (o sea el liberalismo, para hablar en términos políticos y económicos) no basta. Esa crítica y esta idea tienen diversas fuentes, pero la más torrentosa ha sido la marxista en sus diversas ramificaciones o afluentes, moderados o radicales. Ellas podrán contener muchos errores en el diagnóstico y en la medicación, pero han logrado imponer, más que una forma de pensar, lo que también se puede considerar a estas alturas una realidad con apariencias irreversibles: la esterilidad de todo intento por oponer lo individual a lo social. En otras palabras, la convicción generalizada de que la libertad sólo tiene sentido como equilibrio de la igualdad y viceversa. Que la libertad será democrática (o sea, social, ¡descansa en paz Antonio Leocadio!) o sencillamente, no será” (Manuel Caballero, Ni Dios ni Federación. 1998, pp. 167 y 168).
Podría pensarse que el impacto político práctico de esta tradición historiográfica, cuya orientación es tributaria de cierta visión marxista de la Historia, es bajo o nulo, por la poca atención que las mayorías y los centros de formación de opinión pública puedan prestar a los libros y ensayos de los historiadores. Pero tal creencia es equivocada, pues como bien lo afirmó Hayek, estos profesionales ejercen una influencia en la formación de creencias e ideas en toda sociedad muy superiores a la que ejercen los titulares de otras disciplinas, y en especial en la educación básica, entre los comunicadores y medios de información: “…probablemente los historiadores influyen sobre la opinión pública de manera más inmediata y completa que los tratadistas políticos que lanzan ideas (…) En este sentido, el poder directo sobre la opinión pública está por lo menos un paso más cerca del historiador que del teórico” (Friedrich Hayek, El Capitalismo y los Historiadores, 1997, p. 17).
Por supuesto, el limitado espacio de un artículo de opinión no es el apropiado para exponer todas las críticas y refutaciones que cabe dirigir a esta tradición historiográfica, parte de las cuales se hallan en el trabajo de mi autoría “¿Tiranos liberales? ¿Repúblicas autocráticas liberales?” (publicado en el libro Se trata de la Libertad. Galipán, 2015, pp. 89 y ss.), así como en la obra de otros historiadores de prestigio como Elías Pino Iturrieta, Diego Bautista Urbaneja y Rafael Arráiz Lucca, a los que remitimos al lector interesado, pero sí es posible plantear algunas de ellas aquí, dejando en claro que todas ellas parten de una idea de liberalismo y de libertad que ya era conocida, difundida y acogida desde el siglo XVIII, tanto en Europa como en América, y en modo alguno desarrollada con posterioridad a la existencia del Partido Liberal Amarillo, de la autocracia de Guzmán y la tiranía “liberal” de Gómez, lo que anula toda posible refutación a las mismas bajo la acusación de “presentismo”, es decir, de pretender juzgar y evaluar desde el presente, o desde ideas surgidas en un momento histórico posterior, la conformidad o no de la acción política y económica de un gobierno o de un gobernante a esas ideas no existentes en su momento. Esa idea, presente en las obras de autores como Locke, Hume, Smith, Acton, de Mariana, Humboldt, Turgot, Tocqueville, de Vitoria, Bastiat y Menger, entre otros que cabría mencionar, concibe el liberalismo no como una ideología sino como una filosofía moral, política y económica, que demanda la limitación del poder del Gobierno y la mayor garantía de la libertad individual en todos los ámbitos, tanto en el moral como en el político y el económico, pues la asume como una sola y no como muchas “libertades”.
Al respecto, valga indicar entre otras cosas, que las clases políticas dirigentes, con la excepción de algunos pocos gobernantes, no han tenido compromiso con la idea liberal básica de limitación del Poder del Estado, de respeto a la libertad de todas las personas como una indivisible y negativa (es decir, como ausencia de coacción externa arbitraria), y que, por el contrario, su compromiso, en el mejor de los casos, ha sido con el orden, la organización, la seguridad y la paz, todo lo cual se puede lograr ampliando sin límites los poderes del Estado y violando la libertad individual. Entre 1830 y 1935 no hubo funcionamiento efectivo de instituciones liberales en el país, las ideas liberales, en lo económico, fueron más un programa, una aspiración, acaso por simple emoción de parecerse a otros procesos de prestigio, que por compromiso cierto, no fue una política de Estado realizada a favor de la prosperidad de las personas sin discriminaciones, y dio lugar más a esquemas mercantilistas y de privilegios a sectores cercanos al poder, que a marcos para la competencia y el acceso a la propiedad privada.
Por otro lado, se asumió la libertad como libertades, es decir, la libertad política por un lado, la libertad civil por otro, y la libertad económica más allá, cuando la libertad, para que sea efectiva, practicable por quienes integran una sociedad, se debe asumir como una e indivisible, según se entiende desde el liberalismo clásico (desarrollado, por cierto, mucho antes de ser escrita la obra de Hayek). Como en Venezuela la libertad se ha dividido a conveniencia del Poder, se observa que en algunos Gobiernos no democráticos y conservadores se intentó -o aparentó- garantizar las libertades económicas pero no las civiles y políticas, mientras que bajo Gobiernos democráticos como los de Acción Democrática y Copei, se garantizaron “libertades” políticas y civiles, pero no económicas. Los militaristas detestan la libertad en política, y los socialistas la libertad en economía, ambos quieren individuos sumisos y dependientes, no autónomos, más bien súbditos y vasallos, clientes, que ciudadanos libres. Además, como lo afirman juristas como Alberto Arteaga Sánchez, en Venezuela nunca ha existido efectiva independencia judicial, pues el poder político nunca lo ha permitido, lo que es una exigencia liberal irrenunciable.
En tal sentido, en Venezuela, en los siglos XIX y XX predominaron los militaristas, los bolivarianos y los socialistas en el Poder. El XXI lo iniciamos de la mano de un régimen que combinó y aplicó lo peor de esas tres ideologías autoritarias, generadoras de pobreza y de abuso en el ejercicio del Poder. Además, nunca ha existido en este país un partido político cuyo programa de Gobierno se fundamente en ideas liberales, entre otras cosas por el temor a ser calificado como de “derecha” por el elevado número de intolerantes partidos socialistas, socialdemócratas y socialcristianos, que parecen sólo admitir como adversarios en la política a partidos de “izquierda”.La razón de esa intolerancia al liberalismo, en el caso de los defensores de la democracia a inicios del siglo XX, podía originarse en el rechazo al militarismo al que se asoció en forma arbitraria al ideario liberal durante el siglo XIX, pero en el caso de los socialdemócratas y demás variantes socialistas de finales del siglo XX e inicios del XXI, más bien deriva de su temor y resistencia al desmontaje del Petroestado intervencionista y redistribuidor, fuente de privilegios y corrupción con la más absoluta impunidad (es decir, a perder los incentivos a dedicarse a la política).
Ante el terrible contexto nacional de fines del 2016, y ante los enormes desafíos que se presentan a los venezolanos en su tarea de reconstrucción y reorientación de la vida institucional del país, luce oportuno que en espacios propicios para ello, como los de la Academia Nacional de la Historia, la Fundación Rómulo Betancourt, la Casa de Estudio de la Historia “Lorenzo A. Mendoza” o el CELAUP de la Universidad Metropolitana, se debatan planteamientos y críticas como las antes expuestas, pues más allá de las diferencias teóricas, disciplinarias y personales involucradas en el tema, puede tratarse de un asunto del mayor interés nacional, desde que debilitar y eventualmente abandonar esa visión histórica antiliberal, promotora a la vez de elementos negativos como el estatismo, el populismo, el presidencialismo y el mercantilismo, parece ser un paso esencial y necesario si los venezolanos en realidad queremos romper con nuestras instituciones autoritarias y extractivas, que nos han traído a esta crisis humanitaria, y sustituirlas por instituciones liberales e inclusivas, que promuevan las oportunidades, la libertad y la prosperidad, bajo el sistema democrático, el Estado de Derecho y la economía abierta.
Fuente: Diario El Nacional/24/12/16
Existe un consenso general entre notables historiadores venezolanos, con Germán Carrera Damas y Manuel Caballero a la cabeza, según el cual operaron en algunos períodos de la historia de nuestro país esquemas liberales de ejercicio del poder, que han recibido denominaciones como “República autocrática liberal” o “República democrática liberal”, para distinguirlos de otros períodos, propiamente dictatoriales, en los que no hubo ningún respeto a la libertad de los ciudadanos, pero más allá de ello, para sostener que en esos períodos “liberales”, tanto del siglo XIX como del siglo XX –regímenes como los de Guzmán y Gómez, por ejemplo, en los que supuestamente se habría promovido la libertad económica pero no la política, y durante los gobiernos de la democracia civil, en la que se promovió la libertad política pero no la económica-, sí se aplicaron ideas propias del pensamiento liberal, y se rechazaron otras corrientes políticas como el republicanismo, el socialismo o el militarismo, siendo entonces posible, desde esta interpretación, evaluar qué resultado ha tenido, positivo o negativo, la aplicación del liberalismo en tierras venezolanas.
La historiografía derivada de la obra de los mencionados autores, entonces, considera acertado, al menos desde el punto de vista de esta disciplina, considerar al Partido Liberal Amarillo, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez -y quizá hasta a Marcos Pérez Jiménez-, como organizaciones y gobernantes liberales, que aplicaron las propuestas de esta corriente del pensamiento conforme a las circunstancias nacionales, y que, por tanto, a partir de su desempeño es lícito evaluar toda propuesta actual de cambio institucional y ejercicio del poder basada en dicha filosofía moral y política a la luz de los resultados alcanzados por dichas organizaciones y personajes, a favor o en perjuicio de los venezolanos, siendo en tal sentido negativo el balance, al estar entonces las ideas liberales asociadas así a tiranías, privilegios, despotismo, discriminaciones y falta de igualdad ante la ley, lo que en forma directa invalidaría por inútil y acaso hasta inmoral el defender ideas liberales en la Venezuela actual, dado que éstas se habrían aplicado y fracasado en el pasado, por su carácter supuestamente anti-democrático, así como su presunto economicismo radical, prueba de lo cual serían, supuestamente, las medidas económicas aplicadas al inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, a inicios de la década de los 90 del pasado siglo.
Lo anterior permite comprender por qué Caballero afirmó lo siguiente:“Porque de la confrontación entre el liberalismo irrealizable (el de los tiros) y el liberalismo realizado (el del Benemérito) con la realidad venezolana de 1936, surgió esa crítica y sobre todo esta idea: la libertad (o sea el liberalismo, para hablar en términos políticos y económicos) no basta. Esa crítica y esta idea tienen diversas fuentes, pero la más torrentosa ha sido la marxista en sus diversas ramificaciones o afluentes, moderados o radicales. Ellas podrán contener muchos errores en el diagnóstico y en la medicación, pero han logrado imponer, más que una forma de pensar, lo que también se puede considerar a estas alturas una realidad con apariencias irreversibles: la esterilidad de todo intento por oponer lo individual a lo social. En otras palabras, la convicción generalizada de que la libertad sólo tiene sentido como equilibrio de la igualdad y viceversa. Que la libertad será democrática (o sea, social, ¡descansa en paz Antonio Leocadio!) o sencillamente, no será” (Manuel Caballero, Ni Dios ni Federación. 1998, pp. 167 y 168).
Podría pensarse que el impacto político práctico de esta tradición historiográfica, cuya orientación es tributaria de cierta visión marxista de la Historia, es bajo o nulo, por la poca atención que las mayorías y los centros de formación de opinión pública puedan prestar a los libros y ensayos de los historiadores. Pero tal creencia es equivocada, pues como bien lo afirmó Hayek, estos profesionales ejercen una influencia en la formación de creencias e ideas en toda sociedad muy superiores a la que ejercen los titulares de otras disciplinas, y en especial en la educación básica, entre los comunicadores y medios de información: “…probablemente los historiadores influyen sobre la opinión pública de manera más inmediata y completa que los tratadistas políticos que lanzan ideas (…) En este sentido, el poder directo sobre la opinión pública está por lo menos un paso más cerca del historiador que del teórico” (Friedrich Hayek, El Capitalismo y los Historiadores, 1997, p. 17).
Por supuesto, el limitado espacio de un artículo de opinión no es el apropiado para exponer todas las críticas y refutaciones que cabe dirigir a esta tradición historiográfica, parte de las cuales se hallan en el trabajo de mi autoría “¿Tiranos liberales? ¿Repúblicas autocráticas liberales?” (publicado en el libro Se trata de la Libertad. Galipán, 2015, pp. 89 y ss.), así como en la obra de otros historiadores de prestigio como Elías Pino Iturrieta, Diego Bautista Urbaneja y Rafael Arráiz Lucca, a los que remitimos al lector interesado, pero sí es posible plantear algunas de ellas aquí, dejando en claro que todas ellas parten de una idea de liberalismo y de libertad que ya era conocida, difundida y acogida desde el siglo XVIII, tanto en Europa como en América, y en modo alguno desarrollada con posterioridad a la existencia del Partido Liberal Amarillo, de la autocracia de Guzmán y la tiranía “liberal” de Gómez, lo que anula toda posible refutación a las mismas bajo la acusación de “presentismo”, es decir, de pretender juzgar y evaluar desde el presente, o desde ideas surgidas en un momento histórico posterior, la conformidad o no de la acción política y económica de un gobierno o de un gobernante a esas ideas no existentes en su momento. Esa idea, presente en las obras de autores como Locke, Hume, Smith, Acton, de Mariana, Humboldt, Turgot, Tocqueville, de Vitoria, Bastiat y Menger, entre otros que cabría mencionar, concibe el liberalismo no como una ideología sino como una filosofía moral, política y económica, que demanda la limitación del poder del Gobierno y la mayor garantía de la libertad individual en todos los ámbitos, tanto en el moral como en el político y el económico, pues la asume como una sola y no como muchas “libertades”.
Al respecto, valga indicar entre otras cosas, que las clases políticas dirigentes, con la excepción de algunos pocos gobernantes, no han tenido compromiso con la idea liberal básica de limitación del Poder del Estado, de respeto a la libertad de todas las personas como una indivisible y negativa (es decir, como ausencia de coacción externa arbitraria), y que, por el contrario, su compromiso, en el mejor de los casos, ha sido con el orden, la organización, la seguridad y la paz, todo lo cual se puede lograr ampliando sin límites los poderes del Estado y violando la libertad individual. Entre 1830 y 1935 no hubo funcionamiento efectivo de instituciones liberales en el país, las ideas liberales, en lo económico, fueron más un programa, una aspiración, acaso por simple emoción de parecerse a otros procesos de prestigio, que por compromiso cierto, no fue una política de Estado realizada a favor de la prosperidad de las personas sin discriminaciones, y dio lugar más a esquemas mercantilistas y de privilegios a sectores cercanos al poder, que a marcos para la competencia y el acceso a la propiedad privada.
Por otro lado, se asumió la libertad como libertades, es decir, la libertad política por un lado, la libertad civil por otro, y la libertad económica más allá, cuando la libertad, para que sea efectiva, practicable por quienes integran una sociedad, se debe asumir como una e indivisible, según se entiende desde el liberalismo clásico (desarrollado, por cierto, mucho antes de ser escrita la obra de Hayek). Como en Venezuela la libertad se ha dividido a conveniencia del Poder, se observa que en algunos Gobiernos no democráticos y conservadores se intentó -o aparentó- garantizar las libertades económicas pero no las civiles y políticas, mientras que bajo Gobiernos democráticos como los de Acción Democrática y Copei, se garantizaron “libertades” políticas y civiles, pero no económicas. Los militaristas detestan la libertad en política, y los socialistas la libertad en economía, ambos quieren individuos sumisos y dependientes, no autónomos, más bien súbditos y vasallos, clientes, que ciudadanos libres. Además, como lo afirman juristas como Alberto Arteaga Sánchez, en Venezuela nunca ha existido efectiva independencia judicial, pues el poder político nunca lo ha permitido, lo que es una exigencia liberal irrenunciable.
En tal sentido, en Venezuela, en los siglos XIX y XX predominaron los militaristas, los bolivarianos y los socialistas en el Poder. El XXI lo iniciamos de la mano de un régimen que combinó y aplicó lo peor de esas tres ideologías autoritarias, generadoras de pobreza y de abuso en el ejercicio del Poder. Además, nunca ha existido en este país un partido político cuyo programa de Gobierno se fundamente en ideas liberales, entre otras cosas por el temor a ser calificado como de “derecha” por el elevado número de intolerantes partidos socialistas, socialdemócratas y socialcristianos, que parecen sólo admitir como adversarios en la política a partidos de “izquierda”.La razón de esa intolerancia al liberalismo, en el caso de los defensores de la democracia a inicios del siglo XX, podía originarse en el rechazo al militarismo al que se asoció en forma arbitraria al ideario liberal durante el siglo XIX, pero en el caso de los socialdemócratas y demás variantes socialistas de finales del siglo XX e inicios del XXI, más bien deriva de su temor y resistencia al desmontaje del Petroestado intervencionista y redistribuidor, fuente de privilegios y corrupción con la más absoluta impunidad (es decir, a perder los incentivos a dedicarse a la política).
Ante el terrible contexto nacional de fines del 2016, y ante los enormes desafíos que se presentan a los venezolanos en su tarea de reconstrucción y reorientación de la vida institucional del país, luce oportuno que en espacios propicios para ello, como los de la Academia Nacional de la Historia, la Fundación Rómulo Betancourt, la Casa de Estudio de la Historia “Lorenzo A. Mendoza” o el CELAUP de la Universidad Metropolitana, se debatan planteamientos y críticas como las antes expuestas, pues más allá de las diferencias teóricas, disciplinarias y personales involucradas en el tema, puede tratarse de un asunto del mayor interés nacional, desde que debilitar y eventualmente abandonar esa visión histórica antiliberal, promotora a la vez de elementos negativos como el estatismo, el populismo, el presidencialismo y el mercantilismo, parece ser un paso esencial y necesario si los venezolanos en realidad queremos romper con nuestras instituciones autoritarias y extractivas, que nos han traído a esta crisis humanitaria, y sustituirlas por instituciones liberales e inclusivas, que promuevan las oportunidades, la libertad y la prosperidad, bajo el sistema democrático, el Estado de Derecho y la economía abierta.
Fuente: Diario El Nacional/24/12/16
