Con la propuesta de activar el “proceso constituyente”, el presidente venezolano tiene tres objetivos: anular definitivamente a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora; anular a la fiscal general; y permanecer en el poder más allá de enero de 2019 sin necesidad de una elección libre.

Por Pedro Benítez


Venezuela es el país del continente americano que más Constituciones y procesos constituyentes ha tenido (27), solo después de Haití y por delante de Bolivia. Entre los países que menos textos constitucionales han tenido hasta ahora destacan Canadá y Estados Unidos (1777 y 1787).

En América Latina, los países con tradiciones más o menos largas en la renovación de sus poderes públicos sin sobresaltos y de acuerdo con reglas previamente establecidas son los más estables y, por lo general, los que tienen un mayor nivel de desarrollo. En este grupo se encuentran Costa Rica, Uruguay y Chile. En estos dos últimos los golpes de Estado y las dictaduras militares de los 70 y 80 fueron interrupciones traumáticas en medio de unas largas tradiciones republicanas. Otro caso interesante es México, cuyo texto constitucional cumple este año su centenario.

Entre el acuerdo y la voluntad del autócrata de turno

Venezuela entra en el grupo de repúblicas donde los cambios de Constitución han estado asociados a la inestabilidad política, económica y social.

Pero no siempre fue así. De todas sus Cartas Magnas las de más duración han sido la sancionada en el Congreso de Valencia de 1830, en la que formalizó la separación de Colombia, y la de 1961 que fue derogada por el proceso constituyente convocado por Hugo Chávez en 1999. La primera duró 27 años, la segunda casi 40. No por casualidad este último fue el periodo más largo de estabilidad que conoció Venezuela en toda su historia, tiempo en cual se sucedieron ocho presidentes civiles, electos democráticamente según las normas previamente establecidas. Todo un record.

Esas dos Constituciones tenían algo en común: eran producto de un consenso, de un acuerdo y no de la imposición de una parte del país sobre la otra.

Por el contrario, la mayoría de las reformas o cambios constitucionales realizados en Venezuela fueron consecuencia de la voluntad del autócrata de turno, siempre con la intención de asegurar su continuidad en el ejercicio del poder y su control sobre el país. Esos fueron los casos de José Tadeo Monagas, Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Hugo Chávez (todos militares) y ahora de Nicolás Maduro.

El expresidente Chávez convocó la Constituyente de 1999 con la promesa de “refundar la República”, ejemplo y pretexto que fueron imitados en Ecuador y Bolivia por Rafael Correa y Evo Morales. Pero en realidad, Chávez buscaba exactamente lo mismo que los autócratas que le precedieron en el ejercicio de su alto cargo: asegurarse la reelección presidencial y llenar con sus partidarios todas las instituciones del Estado destinadas a servir de contrapeso al poder presidencial, como por ejemplo el Poder Judicial.

La novedad consistió en que, en vez de hacerlo por la fuerza, como hiciera Alberto Fujimori en Perú en 1992, Chávez se valió de la democracia. Lo mismo hizo otro militar muy popular: Juan Domingo Perón en 1949.

El proyecto político de Chávez es la historia de un fracaso nacional

Lo que Chávez planteó (y prometió) a los venezolanos en 1998 y 1999, parecía ser algo muy lógico: para “arreglar” el país había que barrer con la corrupta clase política anterior. Para hacerlo por vías que lucieran muy democráticas pidió convocar una Constituyente que reorganizara el Estado. Según él, esa institución tendría poderes absolutos para cambiarlo todo, pues era la depositaria del “poder constituyente originario” que le entregaría el pueblo.

Así, se aseguró de que en la elección de los representantes a esa Constituyente sus partidarios estuvieran sobrerrepresentados.
En realidad, el “poder constituyente originario” es una aberración del concepto mismo de democracia, tal como la entendemos hoy, pues implica la instauración de un poder absoluto, sin límites ni controles. Una democracia vaciada de su contenido liberal y republicano. La tiranía de la mayoría. Esa fue la concepción del proceso constituyente que Hugo Chávez aplicó en 1999 y que hoy Nicolás Maduro pretende rescatar.

Las verdaderas intenciones de Maduro

A Maduro se le han presentado dos grandes obstáculos políticos en Venezuela. Por una parte, la mayoría que la oposición venezolana alcanzó en la Asamblea Nacional (AN), participando con las reglas electorales impuestas por el chavismo. Ahora que esas reglas no le sirven al oficialismo, intenta cambiarlas.

El otro obstáculo ha surgido dentro del propio régimen. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, elegida para su cargo por la mayoría chavista en la Asamblea anterior, que presidía Diosdado Cabello.

Anular definitivamente a estos factores internos, la AN y la fiscal general, son dos de los objetivos de Maduro al convocar la activación de este nuevo proceso constituyente. Por esta razón son precisamente la AN y la fiscal general los objetores nacionales de esta pretensión.

El tercer objetivo de Maduro es asegurarse la continuidad en el ejercicio del poder más allá del periodo presidencial previsto por la Constitución, que finaliza en enero de 2019, pero sin necesidad de someterse a un proceso electoral libre, competitivo y medianamente justo, porque sabe de antemano que lo perdería. Para eso convoca una nueva Constituyente, sobre cuya elección hay fundadas sospechas de que no será por medio del voto directo, universal y secreto, sino mediante el estilo corporativista.

Lo que estamos viendo en Venezuela es el fracaso del proyecto político concebido por Hugo Chávez y la incapacidad de su sucesor para admitirlo. De 1998 a esta parte, todos los problemas que tenía el país se han agravado o han aparecido nuevos. No solo no logró crear un consenso social sobre ciertas reglas básicas para la convivencia colectiva, sino que ahora que su heredero no cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, éste pretende cambiar las reglas del juego.

@PedroBenitezF

Hoy el régimen de Maduro es objeto de una doctrina política interamericana concebida por otro venezolano: Rómulo Betancourt. Después de que el chavismo invirtiera tanto en crearse una clientela que le asegurara apoyo internacional incondicional, ahora Maduro se ve forzado a retirar al país de la OEA.

Por Pedro Benítez
Fue el expresidente venezolano Rómulo Betancourt quien en su segundo gobierno (1959-1964) propugnó una estrategia en Latinoamérica destinada a “cercar con cordón sanitario”, en sus palabras, a los regímenes con orígenes no legítimamente democráticos. Es decir, a las dictaduras que por entonces abundaban en la religión.
El 12 de octubre de 1960 remitió un telegrama al presidente Arturo Frondizi de Argentina en el que le aseguraba que “Venezuela ratifica su decisión de no mantener relaciones diplomáticas ni comerciales con gobiernos no legitimados por el voto de los pueblos y de propugnar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) que los regímenes de usurpación sean excluidos de la comunidad jurídica regional”.
Durante su administración Venezuela rompió relaciones diplomáticas con todos los gobiernos latinoamericanos surgidos de golpes militares en un intento por desalentar el golpismo. A esa actitud se le bautizó como la doctrina Betancourt.
La pasión chavista por reescribir la historia
Aunque Betancourt falleció en 1981, Hugo Chávez y el chavismo no se cansaron de atacar y cuestionar su memoria. Probablemente haya sido el enemigo histórico favorito, incluso por encima del tan denostado Carlos Andrés Pérez.
Nicolás Maduro no solo heredó el poder de Chávez, también su empeño por reescribir la historia. Construir su particular relato del pasado nacional ha sido para el chavismo algo fundamental. Una conocida máxima de George Orwell lo resume magistralmente: “Quien controla el pasado, controla el presente”.
No se puede entender la historia venezolana del siglo XX sin conocer la actuación pública y el pensamiento de Rómulo Betancourt, fundador del socialdemócrata Acción Democrática, el partido político más importante de Venezuela hasta el ascenso de Chávez en 1998.
En Venezuela, Betancourt fue lo que el presidente liberal Alberto Lleras Camargo para Colombia o el también presidente José Figueres para Costa Rica. Muchas veces se le comparó con el fundador del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, pero a diferencia de este último el venezolano sí coronó su carrera con el ejercicio del poder en dos ocasiones.
Betancourt fue el primer presidente venezolano electo en comicios democráticos que le entregó el poder a otro presidente también electo popularmente en 1963. En Venezuela, y en Latinoamérica, por esa época era todo un record. Cinco años después sería un factor clave en el traspaso pacífico de poder de su partido a otro que venía de la oposición.
Por lo tanto, demoler la figura (polémica por lo demás) del arquitecto de la democracia representativa que le precedió en el poder, ha sido algo más que una fijación para el chavismo, y con buenas razones (desde su punto de vista).
Además, Betancourt fue el primer presidente que logró sujetar a las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, derrotando las sucesivas conspiraciones castrenses en su contra, todo un hito en un país donde la mayoría de los gobernantes han sido militares. En cambio, Chávez se empeñó en darles protagonismo público a sus compañeros de armas, implementando la idea de la “unión cívico-militar”.
Por otra parte, pese a que fue un hombre de izquierda, incluso con un pasado de simpatía comunista en la juventud, Betancourt fue un acérrimo anticomunista la mayor parte de su vida.
Las viejas rivalidades de la política caribeña
En el Caribe tuvo dos grandes rivales: el dominicano Rafael Leonidas Trujillo y el cubano Fidel Castro. El primero organizó un atentado en su contra en Caracas, cuando sus agentes colocaron un artefacto explosivo que casi acaba con su vida en 1960 (siendo presidente). El segundo patrocinó la lucha armada en Venezuela de los años 60 y conspiró para derrocarlo.
Para apuntalar el por entonces incierto experimento democrático venezolano, Betancourt se acercó a la administración Kennedy (Venezuela fue la primera beneficiaria de la Alianza para el progreso). Mientras que Fidel Castro, precisamente para asegurar su régimen, se alió con el otro bando de la Guerra Fría, la Unión Soviética.
Hugo Chávez, quien se consideraba a sí mismo (con un orgullo que no disimulaba) el más aventajado discípulo de Castro, no dejó pasar nunca por debajo de la mesa esto último.
No fue por casualidad que el enfrentamiento de Betancourt con Trujillo, por un lado, y con Castro, por el otro, trascendiera las fronteras venezolanas llegando hasta los pasillos de la OEA. En los dos casos Betancourt, que no solo era un hombre de acción, sino también un teórico de calado, apeló a su propia doctrina en materia internacional para justificar la expulsión de la República Dominicana primero, y luego de Cuba, usando el mismo argumento: Estaban bajo gobiernos no democráticos. Esto ocurrió 30 años antes de la aparición pública de Hugo Chávez en la vida venezolana.
Sin embargo, durante varias décadas la doctrina Betancourt no fue exitosa. En la segunda mitad de la década de los 60 y durante la siguiente, una ola de golpes militares barrió con los frágiles gobiernos democráticos de Suramérica, donde los que sobrevivieron (Venezuela por ejemplo) quedaron cercados por juntas militares. Por su parte el Gobierno de La Habana transformó su expulsión de la OEA en otra de las gestas antimperialistas de la revolución cubana.
Durante los años 80 la historia dio un giro y las democracias fueron progresivamente barriendo las dictaduras del continente. En esa nueva etapa los gobiernos civiles empezaron a tomar medidas para que los golpes militares fueran definitivamente cosa del pasado en la región. Así, la doctrina Betancourt se puso de moda nuevamente, pero ampliada en su concepción por el desarrollo de los derechos humanos como principios no sujetos a fronteras nacionales.
La doctrina Chávez se queda sin apoyos
Con la llegada del siglo XXI, otro venezolano, en este caso Hugo Chávez, haciendo uso de los abundantes petrodólares, empezó a promover una nueva arquitectura interregional donde gobiernos ideológicamente afines pudieron darse mutuo apoyo. Así se fueron creando nuevos organismos regionales que tenían una diferencia fundamental con la OEA: No estaba presente en su seno Estados Unidos: el ALBA, Unasur y la Celac. En esta última Chávez hizo uno de esos gestos a los que era tan aficionado; él y sus aliados hicieron funcionar la doctrina Betancourt pero al revés, eligieron a Raúl Castro, el único dictador del continente, como presidente pro tempore de una organización que agrupa a países supuestamente democráticos. Justicia poética o venganza política, depende como se lo mire.
Pero la historia ha dado otro giro, los gobiernos aliados del chavismo han perdido terreno y por esas ironías del destino hoy una nueva mayoría de gobiernos hacen causa común en la OEA aplicando los principios de la doctrina Betancourt… contra el gobierno que encabeza el heredero de Hugo Chávez, que ahora se ve forzado a retirar a Venezuela de la OEA.

@PedroBenitezF

El desconocimiento por parte de Maduro de las atribuciones de la Asamblea Nacional venezolana, por medio del TSJ, comenzó tras la elección parlamentaria de 2015. ¿Lo nuevo? Que desafía a la comunidad interamericanal y hace muy difícil mantener cohesionado el bloque de poder que lo sostiene. Para muestra un botón: las declaraciones de la fiscal general.

Por Pedro Benítez
En Venezuela se tiende a pensar que todas las estrategias de poder del régimen chavista siempre son milimétricamente pensadas. “Puntadas sin dedal” es la expresión que se suele usar para ilustrar sus procedimientos. ¿Pero realmente es así?

Bajo el largo predominio del presidente Hugo Chávez en Venezuela se instauró una autocracia, se manipuló el Estado de Derecho y se destruyeron los cimientos del Estado republicano, pero todo eso se hizo sobre una sucesión de victorias electorales. Cuando desde la oposición venezolana se acusaba al anterior mandatario de dictador, sus apologistas respondían: “Pero ganó unas elecciones”.

La popularidad presidencial era la excusa para acabar con la democracia.

En el maremágnum de acontecimientos venezolanos se solía pasar por alto que las más significativas, y contadas, victorias electorales opositoras (que las hubo) fueron desconocidas en la práctica por el oficialismo haciendo uso, por lo general, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha controlado férreamente todos estos años. Los casos más notables: la propuesta de reforma constitucional presentada por Chávez en 2007, que sometida a consulta popular perdió, y sin embargo sus fundamentos fueron hechos ley posteriormente; y los dos triunfos opositores en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en la persona de Antonio Ledezma, cuyas atribuciones fueron anuladas, y luego de su reelección el alcalde fue privado de libertad.

Sin embargo, pese a su retórica incendiaria y sus cuestionables procedimientos democráticos, el chavismo siempre se las arregló para mantener las “formas” de la democracia liberal, burguesa en su lenguaje, de cara a la galería internacional. No requería sacar los tanques a la calle para cerrar el Parlamento, como hizo en su momento Alberto Fujimori en abril de 1992 en Perú. No le hacía falta, controlaba todas las instituciones del Estado.

La pregunta: ¿Por qué Maduro precipita el conflicto?

Esta táctica se acabó la madrugada del jueves pasado, cuando una sentencia del TSJ anuló explícitamente todas las atribuciones del Poder Legislativo venezolano y le entregó el poder absoluto a Nicolás Maduro.

Los opositores venezolanos ya no necesitan explicarle a la comunidad democrática internacional que en Venezuela se ha instalado un régimen de facto, al margen del Estado de Derecho, es decir, una dictadura. Basta con exhibir esa decisión del máximo tribunal del país. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Un conflicto pospuesto

Pero en la práctica, nada de esto es nuevo. En los hechos Maduro y el TSJ vienen desconociendo a la Asamblea Nacional con mayoría opositora desde incluso antes de su instalación el 5 de enero de 2016.

Luego del espectacular, y para muchos inesperado vuelco electoral de diciembre de 2015 que le otorgó a la alianza opositora dos tercios de las bancas del Parlamento venezolano, la todavía mayoría chavista aprovechó los días 22 y 23 de diciembre de 2015, para “blindarse” con magistrados designados de manera exprés. Allí comenzó la operación política dirigida a anular a la nueva Asamblea y hacer con ella exactamente lo mismo que años antes se hiciera con la Alcaldía Metropolitana de Caracas, transformándola en un jarrón chino.


De modo que la actual crisis política venezolana pudo haber ocurrido a principios del año pasado, pero los dirigentes de la oposición prefirieron posponer el conflicto.

A este relato hay que agregarle la erosión en el apoyo internacional al gobierno de Maduro desde la represión a las manifestaciones estudiantiles de 2014, a lo que se han añadido los cambios políticos ocurridos en Argentina y Brasil, así como el inesperado activismo del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Todo esto ocurre justo cuando el gobierno venezolano necesita con urgencia financiamiento externo, pues su apuesta por un salvador incremento de los precios internacionales del petróleo no se ha dado. Y aquí es donde está la piedra de tranca del proyecto de poder absoluto de Nicolás Maduro: Los gobiernos y entidades extranjeras, empezando por la República Popular China, se niegan a darle préstamos a su gobierno si éstos no son aprobados… por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

La misma Asamblea a la que el TSJ controlado por partidarios de Maduro ha declarado en desacato. El Parlamento venezolano por su parte, está negado a facilitarle las cosas al gobierno hasta tanto se levante el bloqueo político y judicial en su contra.

Nicolás Maduro, que aspira a la reelección presidencial en diciembre de 2018, ha estado todo este tiempo dedicado a ganar tiempo, suspendiendo los procesos electorales pendientes, esperando que la subida de los precios del barril de petróleo alivie la economía venezolana y que sus programas de abastecimiento de alimentos le ayuden a mejorar en las encuestas.

No obstante, esta decisión del TSJ que luce como un desafío a los 20 gobiernos que en la OEA están presionando a Maduro para que ceda en sus posiciones, conspira contra esa estrategia. La reacción internacional a la decisión del máximo tribunal venezolano no se ha hecho esperar: uno tras otro gobierno la han criticado y cuestionado.

El chavismo siempre se las arregló para mantener las “formas” de la democracia liberal
La pregunta: ¿Por qué Maduro precipita el conflicto ahora?

Que expulsen al gobierno venezolano de la OEA (o que se vaya por sus propios pasos) para reeditar la experiencia cubana de 1962 tiene un precio: agravar el aislamiento internacional en un momento de mucha vulnerabilidad económica para Venezuela. Cuando Cuba fue expulsada de la OEA tenía quien la recibiera, el bloque soviético enviándole petróleo subsidiado y comprándole su azúcar. ¿Dónde está la Unión Soviética de Nicolás Maduro?

Sin un oxígeno financiero externo a Maduro se le va a hacer muy difícil mantener cohesionado el bloque de poder que lo sostiene. Para muestra un botón: las declaraciones de la fiscal general de la República.

@PedroBenitezF

En la OEA no se está discutiendo si se expulsa o no al gobierno de Venezuela de esa entidad. Lo que se está haciendo es un juicio histórico, un balance del proyecto de poder chavista en el país. Y el balance es negativo.

Por Pedro Benítez @PedroBenitezF.-

Lo más certero, lo más veraz, lo que en forma más sucinta, pasando por encima de toda controversia, apuntando directamente al fondo de la cuestión, se puede aseverar sobre los 18 años del poder absoluto del régimen chavista sobre Venezuela, es que ha sido un monumental fracaso.

A los ojos del mundo (y por supuesto de la mayoría de los venezolanos) no hay hecho o argumento que pueda rebatir la afirmación anterior. Ante tamaña realidad no hay maniobra de prestidigitación verbal que pueda usar el más experimentado de los diplomáticos. Ni Metternich, Kissinger o Roy Chaderton. Ni, por supuesto, Delcy Rodríguez.

El objetivo del actual Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no es que expulsen al gobierno venezolano de ese cuerpo, sino poner el tema venezolano en el tapete internacional, develar el monumental descalabro político, económico, social y humano del proyecto de poder instaurado en el principal exportador de petróleo del Continente desde 1999.

La carta de Almagro está teniendo en los gobiernos, y en la opinión pública de los países del hemisferio, el efecto que la carta del ex ministro Jorge Giordani debería haber tenido dentro de las fronteras de la República Bolivariana. Un escandaloso recuento pormenorizado de todos los fracasos del régimen chavista y lo que es peor, una necia determinación a no rectificar, que si a ver vamos, es el pecado mayor de Nicolás Maduro y su grupo.

Esto constituye, por lo tanto, la humillación internacional que Luis Almagro les propina a los herederos de Hugo Chávez y que estos no pueden tolerar, en particular por ser ese un campo donde tantos recursos invirtieron.


Durante casi dos décadas el régimen chavista ha dispuesto en Venezuela de todo el poder para tomar absolutamente todas las decisiones institucionales y legales, sin ningún tipo de cortapisas, y además ha contado con más recursos económicos (provenientes de la renta petrolera) del que dispusieron todos los gobiernos que le precedieron en los cuarenta años previos.

El boom de precios del petróleo que le tocó en suerte fue el más extendido en el tiempo, de 2003 a 2014. El de Carlos Andrés Pérez fue sólo de dos años (1974 y 1975) igual que el sucesor Luis Herrera Campins (1979 y 1980).

Todo el poder, todo el dinero ha sido para el chavismo.

Entre el Debe y el Haber, comparado con los otros regímenes políticos del pasado venezolano, el saldo chavista es de lejos el peor. Porque con todas sus luces y sombras todos los proyectos de poder que ha tenido Venezuela siempre dejaron algo que los justificara para la posteridad.

Páez creó la República. Los Monagas (los peores) la abolición definitiva de la esclavitud. Guzmán Blanco los ferrocarriles que pudo, los edificios históricos del centro de la capital, algún rasgo de modernidad y el decreto de instrucción pública. Castro y Gómez centralizaron y pacificaron el país que tiranizaron, argumento al que hasta hace no mucho recurrían sus apologistas.

Y de 1936 en adelante, cada uno de los gobiernos venezolanos, civiles o militares, democráticos o dictatoriales, construyeron prácticamente todas las escuelas, universidades públicas, hospitales, dispensarios, carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, puentes, viaductos, presas y represas que hoy tiene el país. Alfabetizaron, electrificaron, becaron, promovieron la inmigración, poblaron el territorio, dieron oportunidades. Y de paso, dejaron instituciones.

El último proyecto de poder histórico (ese al que Chávez y Maduro le han negado sistemáticamente todo mérito), el que encabezó Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática, instauró la Democracia venezolana, el voto popular, la alternabilidad en el ejercicio del poder público (hoy tan añorada) y el período más largo de libertades públicas, paz y estabilidad (1958-1998) que ha tenido este país desde que rompimos con el imperio español en 1811.

¿Pero el chavismo qué le ha legado a Venezuela?
Su misión debería haber consistido en corregir las fallas heredadas de las administraciones que le precedieron y continuar sus logros. Pero el remedio fue peor que le enfermedad. En vez de refundar la República, que fue lo que Chávez llegó a ofrecer, se implantó un Estado fallido.

Lo que tenemos hoy como balance es un insólito retroceso en materia social, sanitaria e incluso nutricional. En la próxima década toda una generación está condenada (con toda probabilidad) a tener una talla inferior al promedio alcanzado por los venezolanos debido a la marca que la desnutrición infantil está dejando por los “años del hambre bajo Maduro”.
Todos los indicadores de mortalidad se han disparado simple y dramáticamente por falta de medicinas e insumos médicos. Eso no está ocurriendo en ningún país de la Latinoamérica, ni siquiera en Haití.
En cuatro años Venezuela ha perdido una cuarta parte de su PIB. La renta per cápita es igual a la de 1955. En 1998 el 33% de todas las exportaciones venezolanas eran cosas distintas al petróleo. Hoy es menos del 3%.

El chavismo destruyó 200 años de exportación de café venezolano.

Incluso, en algo tan elemental como el monopolio de la violencia en manos del Estado y el ejercicio de su poder en todo el territorio, el legado del general Gómez (que robó lo que pudo, pero al menos eso dejó) hoy en Venezuela está en crisis.

Comparado con otros proyectos históricos latinoamericanos, como el PRI en México o el peronismo en Argentina, el chavismo da pena. El año pasado el presidente ecuatoriano Rafael Correa que se preguntaba qué era Venezuela antes de Chávez. Muy sencilla la respuesta: Un lugar a donde emigraban sus compatriotas.

El continente americano es testigo de todo esto.

Fuente: KonZapata.com