Acerca de la cuestión agroalimentaria venezolana (catorce)

El producto o bien destinado a satisfacer necesidades humanas o de animales (materias primas para las agroindustrias de los alimentos balanceados para animales), constituye la racionalidad económica de este subsistema, de allí que el precio real de ese bien o producto, sea para los productores en general, lo que la remuneración de los trabajadores asalariados significa para ellos (poder adquisitivo), es en definitiva, su medio de vida o utilidad, una vez que descuenta todos los costos en que incurrió para producirlo (rentabilidad).

Por Jesús Cepeda Villavicencio

Las expropiaciones en general, pero particularmente las de fincas, que terminaron convirtiéndose en vulgares confiscaciones, han sido uno de los más graves y costosos errores cometidos contra la propiedad en el medio rural, en toda esta trágica era chavista-madurista. Este singular y lamentable hecho político, ha impactado de manera drástica a todo el sistema agroalimentario venezolano (SAV).

La tierra es considerada un bien de producción, no un bien de consumo, sobre ella se erigen los pilares de la producción de alimentos y materias primas para la industria textil, no alimentaria y agroindustrial, en consecuencia cualquier gobierno puede y debe regular su uso, goce, disfrute y disposición; mediante los instrumentos de ley correspondientes. El problema ha radicado en que se desvirtuó la esencia de tales instrumentos, al ser sustituida su razón de ser (la lucha contra la ociosidad de las tierras agrícolas) por un desnaturalizado y aventurero clientelismo politiquero, que fue acompañado en su momento, por una cavernícola neo versión de la lucha de clases en el campo, que terminó sepultando lustros de experticias y capacidades productivas. Se calcula de manera conservadora, que en Venezuela durante este oscuro periodo, se han expropiado alrededor de 900 unidades de producción, que representaban u ocupaban cerca de 4.000.000 de hectáreas de tierras agrícolas aptas y productivas. Una daga en el corazón de una nación, que si bien es cierto, en su economía, la actividad agropecuaria no ha representado más del 2% del PIB global, no es menos cierto, que esas labores han constituido históricamente, una arista fundamental en la estabilidad y uniformidad de la demografía venezolana, al ser las primeras o segundas actividades que motorizan las respectivas economías, a lo sumo en 16 entidades federales de la república.

IV.- EL SUBSISTEMA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN (U de P)

Representa el espacio geográfico- temporal, donde el productor agropecuario toma decisiones y combina recursos para sostener su actividad económica, la cual consiste en producir alimentos o materias primas necesarias, en la operatividad de otros procesos productivos subsecuentes.

La U de P cuando se analiza como un subsistema de un conjunto mucho más amplio y complejo (SAV), debe ser enfocado en función de su composición y finalidad. En este caso concreto, esta unidad la conforman una serie de factores (un grupo de los cuales el productor puede controlar, y otros que no). Dentro de los primeros se ubican; la tierra, el capital, el trabajo asalariado y la administración, mientras que el resto, a pesar de la alta influencia que tienen en el desempeño de la U de P, están fuera del alcance del control decisional interno, aquí se ubican; el medio natural, la tecnología, el mercado y las políticas que el gobierno implementa para incidir sobre el sector productivo. Cuando acentuamos esta última aseveración, nos estamos refiriendo, a la casi nula influencia que tiene el productor, como entidad individual.

El producto o bien destinado a satisfacer necesidades humanas o de animales (materias primas para las agroindustrias de los alimentos balanceados para animales), constituye la racionalidad económica de este subsistema, de allí que el precio real de ese bien o producto, sea para los productores en general, lo que la remuneración de los trabajadores asalariados significa para ellos (poder adquisitivo), es en definitiva, su medio de vida o utilidad, una vez que descuenta todos los costos en que incurrió para producirlo (rentabilidad). En consecuencia la permanencia del productor en el medio rural, dependerá de cuán beneficiosa le resulte la actividad a la que se dedica (producción de bienes alimentarios). Aquí radica uno de los más sentidos problemas históricos de la producción primaria de bienes agropecuarios, en virtud de las grandes distorsiones macroeconómicas (donde sus características esenciales, han sido; por un lado, la persistencia de una exagerada sobrevaloración de la tasa de cambio nominal, que ha mantenido apreciada la tasa de cambio real, obstaculizando con ello, la capacidad de nuestros productores rurales como competidores en un contexto de aperturas económicas y comerciales, y por el otro, la baja rentabilidad por la desproporcionada intervención de los gobiernos en la fijación de los precios). Este clásico contexto, ha generado un sistemático enfrentamiento con elocuente historicidad, entre gremios de productores y gobiernos, que ha cedido espacio en los últimos años, ante la progresiva pérdida de peso específico de las organizaciones gremiales y el clientelar secuestro de los medios de producción, por parte de este desnaturalizado gobierno.

En síntesis, la U de P además de ser el engranaje que enlaza actividades y procesos aguas arriba y aguas abajo dentro del SAV, es un subsistema altamente frágil y elástico, que responde con relativa celeridad, a las decisiones que en relación a las políticas públicas, fijan los gobiernos bajo el prisma de la sectorización, las cuales podrían ser mucho más efectivas, si las mismas se fijaran utilizando el enfoque sistémico; atender gradual y correlacionalmente los respectivos subsistemas, tal como lo hemos venido proponiendo y como aspiramos puedan ser concretados.

V).- EL SUBSISTEMA DE LA INSTITUCIONALIDAD AGROALIMENTARIA: Desde donde emanan las políticas públicas que afectan al SAV

Desde nuestra perspectiva, las políticas públicas constituyen la expresión o materialización en los planos realizativos de una sociedad, del ejercicio de un determinado poder político, este, a través de las instituciones que edifica para tales efectos, las concreta en los espacios que les son comunes a los ciudadanos que conforman la citada sociedad. La posesión de este poder, significa la real posibilidad de la imposición de un específico modelo político previamente concebido, que en el caso que nos ocupa (el SAV), abarca decisiones que afectan a un conjunto de actividades, relaciones y procesos, que van desde antes de la implementación de los respectivos cursos y procedimientos agropecuarios, transcurren con este y terminan en todo lo que ocurre posterior a la producción y previo al definitivo consumo (ex-antes, ex-durante y ex-post).

Tradicionalmente las políticas agrícolas, han sido dirigidas al sector agropecuario y no al sistema agroalimentario, este desfase que no ha permitido visualizar todo este complejo andamiaje como un sistema que debe ser atendido de manera integral, ha impedido la apreciación del SAV en su verdadera magnitud, y en eso, obviamente ha incidido el binomio que históricamente se conformó, entre; una desviación interpretativa y valorativa del rentismo con una peyorativa manera de enfocar la dimensión agroalimentaria.

En general se puede establecer una sencilla clasificación de las políticas que se han dictado desde el respectivo ministerio (agricultura), y que han tenido impactos directos sobre el comportamiento productivo a nivel de fincas, dentro de las cuales se citan las siguientes:

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1. - Políticas de precios de los productos agropecuarios.
2. .- Políticas de subsidios (con cierta intermitencia se han aplicado como estímulos a la producción).
3. .- Políticas de créditos (inexistentes en la actualidad, causa y forma de la parálisis productiva)
4. .- Políticas de asistencia técnica (inexistentes en la actualidad, causa y forma del atraso tecnológico y de la desaparición de todo tipo de programas de extensión agrícola).
5. .- Políticas de contingentamiento (aplicadas en algunos momentos, de manera intermitente y sin continuidad estructural. Estas decisiones guardan una estrecha relación con las directrices de políticas comerciales, aduaneras y arancelarias. Tema que desarrollaremos en capítulos posteriores).
6. .- Otras.

De todo este conjunto de políticas, se puede concluir que es la política de precios, sin lugar a dudas, la que se ha constituido en la de mayor complejidad. Sin quitarles ponderación a las otras, es el bastión de la interminable lucha temporal de los productores, y a su vez, un paradigma demagogico de quienes circunstancialmente han gerenciado las políticas agropecuarias en los últimos lustros. Históricamente el crecimiento de los preciosde los productos del agro (rezago de precios reales), ha sido muy lento en comparación con la velocidad de crecimiento de los costos para producirlos, esta situación se ha constituido en uno de los principales elementos, que han influido en que la agricultura se considere hoy como una actividad poco rentable, perdiendo importancia relativa como soporte fundamental para la permanencia en el medio rural, axioma que cada día estará más permeado por el beneficio económico que las actividades reporten y menos influenciado por aspectos románticos.

Es necesario un gran acuerdo nacional para la reinstitucionalización del SAV (tal como lo planteamos en la entrega número nueve). Ello implica la implementación de una política interinstitucional concertada. Vislumbrada como un conjunto gradual y correlacionado entre los distintos subsistemas que hemos venido definiendo, diciéndole adiós a las políticas parciales, descontextualizadas y desconectadas de la visión holística que debe prevalecer.

HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PAIS. LOS DEMÓCRATAS ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LAS PRIMARIAS

Jesús Cepeda Villavicencio es ingeniero agrónomo, MsSc en Desarrollo Rural, doctor en Ciencia de la Educación, profesor universitario jubilado, ensayista y político.